Un nuevo análisis de Human Rights Watch ha señalado que el acuerdo de justicia entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC podría permitir que miembros del ejército, responsables de la ejecución sistemática de civiles, escapen a la justicia.

Entre 2002 y 2008, brigadas del ejército a lo largo de Colombia ejecutaron de forma sistemática a nada menos que 3.000 civiles, con el propósito de simular un número de bajas de combatientes de guerrillas mayor al real, en lo que se conoció como casos de “falsos positivos”.

El acuerdo de justicia anunciado por los negociadores del gobierno y las FARC el 15 de diciembre de 2015, prevé la creación de una nueva Jurisdicción Especial para la Paz que se encargaría de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de los Derechos Humanos, cometidos por las Farc.

Igualmente se encargaría de delitos perpetrados por agentes del Estado, en este caso, de la mayoría, sino de todos, los casos de falsos positivos. Ciertas disposiciones y lineamientos del acuerdo anunciados por el gobierno, permitirían que las autoridades no persigan penalmente algunos casos.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que “el acuerdo es un jaque mate a la justicia» y añadió que «el conjunto de ambigüedades y lagunas incluidas en el acuerdo podría garantizar que muchos de los responsables de falsos positivos, desde soldados de rangos inferiores hasta generales, no respondan ante la justicia por estos crímenes atroces”.

Entre las pericias que podrían darse con este acuerdo, estaría incluido limitar el alcance de responsabilidad de los altos mandos por los crímenes cometidos por sus subordinados. Los miembros del ejército condenados por la Jurisdicción Especial podrían eximirse de cumplir tiempo en prisión, y aquellos que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria podrían ser liberados.

Sobre los delitos cometidos por la Fuerza Pública que hayan tenido “relación directa o indirecta” con el conflicto armado, el gobierno ha anunciado que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá “competencia exclusiva”, lo que podría implicar muchas o todas las investigaciones de falsos positivos impulsadas por la Fiscalia General, pasen automáticamente a Jurisdicción Especial.

Human Rights Watch, teme que los responsables de las ejecuciones sistemáticas a civiles, podrían evadir completamente la justicia, en especial los oficiales de rangos medios y bajos. Asimismo señala que los términos anunciados por el gobierno para agentes del Estado, estado permiten que la Jurisdicción Especial para la Paz suspenda la ejecución de las penas o renuncie a la persecución penal de aquellos miembros de la Fuerza Pública que no hayan tenido la “mayor responsabilidad” en atrocidades.

Si bien el gobierno aún no ha definido completamente cómo serán las sanciones para los agentes del estado, ha anunciado que serán muy similares a las previstas para las FARC. Actualmente los guerrilleros de las FARC que confiesen atrocidades de forma plena y temprana quedarán eximidos no sólo de prisión o cárcel, sino además de “cualquier medida de aseguramiento equivalente”. En su lugar, deberán llevar a cabo proyectos “restaurativos y reparadores”, mientras están sujetos a “restricciones de derechos y libertades” mínimas.

Dadas las cosas, los más de 600 agentes del ejército que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria en casos de falsos positivos, podrían ser puestos en libertad.

En un informe difundido el 17 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que las investigaciones de falsos positivos deberían ser “inicia[das], desarrolla[das], y culminada[das]” en la “jurisdicción penal ordinaria”, y sostuvo que las disposiciones de “selectividad” que permiten a la autoridades renunciar a la investigación de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con estándares regionales de derechos humanos.

Ante esto, Vivanco afirmó que “el gobierno colombiano ha destacado en reiteradas oportunidades que el acuerdo blindará a los miembros de la fuerza pública de nuevas investigaciones, pero esta es una promesa vacía”.

Y concluyó, “si los términos del acuerdo de justicia no se modifican, es muy probable que las nuevas sentencias sobre casos de falsos positivos queden sujetas al escrutinio internacional, incluso de la CPI”.