La propuesta presentada a la Mesa de negociaciones de La Habana por parte de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, sobre la necesidad de distensionar el posconflicto y revisar la Ley de Justicia y Paz puede tener un ánimo menos altruista de lo que pareciera a simple vista.

Nueve años después de que se creara la Ley 975 de 2005, la realidad de los paramilitares condenados es incierta. Muchos de quienes se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como también se le conoce a la 975, están próximos a salir de prisión por pena cumplida, sin que haya quedado claro qué les espera en su reinserción a la vida civil.

Entre estos existe un grupo de exjefes paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos. Extradición que tiene un tinte político, como lo han asegurado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Ever Veloza, alias HH. En el caso particular de alias ‘Macaco’, la posibilidad de que quede sin gozar de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz pende como una espada de Damocles sobre su futuro jurídico en Colombia.

Desde que fuera condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y financiamiento de grupos terroristas con dinero proveniente de esa actividad ilícita, la pelea de Jiménez y su equipo jurídico ha ido en la vía de demostrar que la condena en Estados Unidos no tiene asidero. Para ello han intentado demostrar que se cambiaron los cargos por los que se le acusaba, unas cuatro veces.

Además, el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de sacar a las AUC de la lista de organizaciones terroristas echaría por tierra esa condena. A esto se debe sumar que si llegara a colaborar con la justicia norteamericana delatando estructuras narcotraficantes supervivientes, los beneficios a los que accedería le permitirían rebajar su pena y regresar, eventualmente, al país.

Sin embargo, junto a la condena en Estados Unidos, a 33 años de prisión, el excomandante del Bloque Central Bolívar, de las Autodefensas Unidas de Colombia, enfrenta el pedido de la Fiscalía General de la Nación de que él sea marginado de los beneficios de Justicia y Paz con lo cual un eventual regreso de Jiménez al país no sería el ideal para le exjefe paramilitar. La solicitud de la Fiscalía radica en que, presuntamente las actividades de narcotráfico de Jiménez habrían continuado después de haberse acogido a los principios de la Ley de Justicia y Paz.

Su goce de los beneficios de la Ley 975 de 2005 le permitiría a alias ‘Macaco’ no pagar más de 8 años de cárcel en Colombia si llegara a salir libre antes de cumplir condena en una cárcel en Estados Unidos.

Esta hipótesis se ve reforzada por el pedido, en la carta dirigida a los negociadores en el proceso de paz con las Farc, de que la Ley de Justicia y Paz se articule con el Marco Jurídico para la Paz, que sería la norma para un eventual proceso de desmovilización de las guerrillas. Además, pide que sea revisada la Ley 975 de 2005 y se garantice que las modificaciones hechas a la misma se reversen y se mantengan los beneficios iniciales y los acuerdos suscritos en Santafé de Ralito entre el Gobierno Nacional y los exjefes de las Autodefensas.

Al respecto, como lo informó el periódico El Espectador, otros exjefes de las autodefensas, entre los que se cuentan: Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’, Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’ , Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’; y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; enviaron una carta al comisionado de paz, Sergio Jaramillo, rechazando las insinuaciones hechas por Carlos Mario Jiménez sobre un posible rearme de estos grupos de no tener las mismas garantías de las que gozarían las Farc en un eventual proceso de desmovilización.

Esta comunicación reforzaría la idea de que alias ‘Macaco’ está actuando solo, o apoyado por la gente más cercana a él en esa pretensión de tener comunicación directa con las comisiones negociadoras.

Así las cosas, esta iniciativa de alias ‘Macaco’, que se ha mostrado como la búsqueda de un proceso de reconciliación entre los excombatientes del país tendría más de búsqueda de beneficios personales en el marco de una eventual negociación con la justicia de Estados Unidos, ello pensando en un posible regreso al país antes de que pasen los 33 años a los que esta lo condenó.