La reforma del fuero militar, a la que le queda pendiente un sólo debate para ser aprobada en el Congreso colombiano, centró la atención de la comitiva de la CIDH, en la primera visita que hace el organismo al país andino desde 2004.

Así lo confirmó en declaraciones a periodistas el presidente de la CIDH, el jurista mexicano José Jesús Orozco, tras reunirse con legisladores colombianos en el segundo día de una visita que se prolongará hasta el viernes.

La preocupación de los comisionados, de los que sólo cinco pudieron viajar a Colombia, se centra en algunos puntos del texto tal y como está configurado hasta ahora, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación de casos de violaciones de derechos humanos a la justicia penal militar y no a la ordinaria.

«Existe la preocupación por la CIDH de que podría correrse el riesgo» de que algunos crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado caigan en la impunidad, admitió Orozco.

Según el comisario relator de este órgano, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), «algunos aspectos previstos en el proyecto de reforma resultarían incompatibles con los estándares interamericanos».

Estos principios parten de que las violaciones a los derechos humanos «deben ser investigadas, procesadas, juzgadas y sancionadas por la justicia ordinaria» y no por un sistema especial militar.

El acto legislativo prevé la creación de un Tribunal de Garantías para que conozca cada caso y dirima «los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar».

En este sentido, Orozco cuestionó veladamente la correcta adjudicación de cada caso y observó: «el hecho de que se confieran las facultades de investigación preliminar a un órgano de la justicia penal puede poner en predicamento el éxito de un resultado adecuado».

De ser aprobado el jueves, cuando está previsto que se celebre el último debate en el Senado, el acto legislativo reformará tres artículos constitucionales e incluirá la lista de los delitos que han de ser conocidos por la ley ordinaria y los que se atribuirán al tribunal militar.

Hasta este momento, el texto contempla que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Los delitos que quedarían en manos de la justicia castrense serían «las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública», según el texto del proyecto.

Precisamente hoy y tan sólo horas antes se pronunció en similares términos el director para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien también visita Bogotá.

Tras reunirse con el presidente del Senado, Roy Barreras, Vivanco consideró ante los medios que «aún es posible hacer algunos ajustes y reformas claves para evitar la impunidad».

Entre todos los crímenes que pueden cometer los uniformados colombianos en el marco del conflicto armado el que más preocupó a Vivanco fueron los «falsos positivos».

Así se conocen en Colombia los casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad asesinaban civiles para presentarles como guerrilleros caídos en combate y ganar a cambio el favor de sus superiores, así como beneficios económicos o de descanso.

Este es el mayor escándalo dentro de las infracciones cometidas por uniformados colombianos, y desde que fue denunciado a finales de 2008 la Fiscalía colombiana ha documentado más de 2.000 casos que implican a cerca de 1.500 militares, aunque sólo se han dictado 14 sentencias condenatorias por el asesinato de tres jóvenes.

La delegación de la CIDH se ha reunido desde el lunes con autoridades estatales y de la sociedad civil, y mañana tiene previsto dividirse en tres submisiones.

Una de ellas viajará a los departamentos de Chocó y Antioquia y otra al convulso Cauca, mientras que la tercera se quedará en Bogotá para reunirse con el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El viernes presentarán sus conclusiones en una rueda de prensa y, tras conocer de primera mano la situación de derechos humanos en Colombia, decidirán si retiran al país de la llamada «lista negra» del organismo.