Una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) instó a las autoridades a investigar a los altos mandos militares por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», al termino de una visita de cinco días a este país.

La misión, conformada por el jefe de Análisis de Situación, Emeric Rogier, por el asesor superior de Apelaciones, Fabricio Guariglia, y los analistas adjuntos Eugenia Valenzuela y Daniel Ulmer, expuso esta y otras conclusiones de la visita en una rueda de prensa celebrada en Bogotá.

«Hay muy pocas sentencias, las investigaciones en muchos casos están estancadas y no hay un avance hacia arriba en la cadena de mando», explicó en la comparecencia el argentino Guariglia.

Dijo además que para la CPI los falsos positivos son un asunto serio sobre el que Colombia debe profundizar.

Los «falsos positivos» fueron asesinatos de civiles por parte de uniformados con el objetivo de presentarlos como guerrilleros muertos en combate para conseguir así beneficios en permisos y ascensos.

La Fiscalía colombiana ha documentado más de 2.000 casos que implican a unos 1.500 militares. Sin embargo, sólo se han dictado 14 sentencias condenatorias por el asesinato de tres jóvenes.

Relacionado con este asunto, los miembros de la CPI mostraron su cuidado por la reforma del fuero militar, del que Emeric Rogier dijo que analizarán «con mucho cuidado».

Guariglia añadió que para la Corte, lo que importa es «si esta reforma de la justicia militar implica consecuencias negativas para el eficiente investigación y enjuiciamiento de los falsos positivos».

Los miembros de la misión también se refirieron al proceso de paz que adelantan en La Habana desde el pasado noviembre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rogier explicó que para que este tribunal internacional considere vinculante un hipotético acuerdo, éste tiene que ser acorde a los tratados suscritos por Colombia.

Por lo tanto no puede haber ni amnistía, ni impunidad para los autores de genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad.

«El Estatuto de Roma no contempla ningún tipo de amnistía y la impunidad no es aceptable», dijo Rogier que también explicó que entre una amnistía y las condenas penales existen «diversas soluciones legales que se pueden aplicar».

Se da la consecuencia que la semana pasada, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó que «en este momento no existe ninguna condena contra un miembro del secretariado (de las FARC) por delitos de lesa humanidad» y se mostró favorable a que los máximos líderes de la guerrilla puedan participar en la vida política si se sella un acuerdo de paz.

En su visita, la delegación de la CPI mantuvo encuentros con representantes de los Ministerios de Justicia, Interior y Defensa, con la canciller, María Ángela Holguín; con el Alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; con la Unidad de Restitución de Tierras, con la Fiscalía y con congresistas y miembros de la sociedad civil.

Estos encuentros sirvieron para recopilar información sobre las cinco esferas de atención permanente de la CPI en Colombia: los procedimientos relativos a los crímenes sexuales, a los desplazamientos forzosos, la promoción y expansión de los grupos paramilitares, el seguimiento del Marco Legal para la Paz y los casos de «falsos positivos».

La CPI inició su llamado Examen Preliminar en Colombia en 2004, cuando ubicó a este país en el grupo de observación: países en los que han ocurrido graves crímenes, pero en los que se considera que la justicia interna funciona.

Con EFE