El problema de la tierra en Colombia, país en el que el 1,15 por ciento de la población posee el 52 por ciento de la gran propiedad rural, será la primera prueba de fuego para el Gobierno y la guerrilla de las FARC en la mesa de negociaciones que iniciarán el próximo día 15 en La Habana

El agrario es un asunto que está en la raíz del conflicto colombiano, que lleva casi medio siglo y que solamente en su expresión de despojo y desarraigo deja, desde 1985, 5,5 millones de desplazados forzados y 6 millones de hectáreas arrebatadas.

«La cuestión de la tierra es un tema estructural, casi que la génesis del conflicto colombiano», explicó a Efe el líder agrario Andrés Gil, portavoz de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVRC), que obtuvo en 2010 el Premio Nacional de Paz.

Gil dijo que se trata de un problema no resuelto de cuya importancia da cuenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en sus informes de desarrollo humano: en el país, el índice de concentración de la tierra, que se mide en una escala de 0 a 1, es de 0,58.

«Es de los más altos del mundo», se lamentó el líder de la ACVRC, que reúne a campesinos de una región del departamento de Santander (noreste) que han mantenido su organización a pesar del azote de la ultraderecha armada.

Sin embargo, la concentración de la propiedad no es la única característica del problema agrario en Colombia, donde el 32 por ciento de sus 46 millones de habitantes vive en el campo.

En un reciente informe, el PNUD alertó en Bogotá sobre el estado improductivo de la gran parte de las tierras aptas para la agricultura, que totalizan 21,5 millones de hectáreas.

De ellas, solamente están cultivadas 4,9 millones de hectáreas, apenas el 22,7 por ciento, según el estudio, dirigido por el experto Absalón Machado y en el que también se advierte de la desigualdad en el acceso al crédito: el 78,2 por ciento de los empréstitos va a manos de los grandes y medianos productores.

El acceso y el uso de la tierra, las tierras improductivas, la formalización de la propiedad y la protección de zonas de reserva campesina son algunos de los tópicos de este problema que ocuparán a los negociadores del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir del jueves próximo.

La cuestión también preocupa a los pueblos indígenas del país, que suman 102, con una población de 1,37 millones de personas, de las que casi la mitad está por debajo de la línea de pobreza.

«Hemos vivido una situación de despojo territorial, nos han arrinconado en lo más alto de las montañas, las tierras se han venido deteriorando y las familias han venido creciendo», expresó a Efe el dirigente aborigen Gilberto Yasué.

Yasué pertenece al pueblo de los nasas o paeces, con poco más de 100.000 habitantes distribuidos en una decena de localidades del norte del departamento del Cauca (suroeste), uno de los más afectados por la confrontación interna.

Los nasas luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales, que quedaron en manos de grandes hacendados y colonos, campaña que los mantiene en medio del conflicto, a pesar de su decisión de desalojar a todos los grupos implicados.

«Los acuerdos no se han cumplido a satisfacción, y el Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) no puede renunciar a la deuda que tiene el Estado», dijo Yasué.

El problema territorial de los nasas entró en la agenda del Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos, que antes de la formalización de la mesa con las FARC adoptó una ley de víctimas y restitución de tierras.

El gobernante aspira restituir hasta 2014, cuanto termina su cuatrienio, unas 2,5 millones de hectáreas arrebatadas a campesinos o abandonadas por desplazados.

La normativa, en vigor desde el pasado enero, abrió las puertas a un proceso de reclamaciones que ha sido acogido por más de 26.000 personas, que buscan recuperar casi dos millones de hectáreas.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha calculado que el 35 por ciento de estas reclamaciones se corresponden con predios usurpados por las FARC.

Es un ingrediente para la mesa de negociaciones de La Habana, escenario en el que Gil exige representación, como otros sectores del país.

«Vemos con expectación este intercambio, pero también tenemos mucho por decir y aportar», dijo el portavoz de la ACVRC, para quien su colectivo es víctima, testigo y, también, protagonista.