El reclutamiento infantil en Colombia es un drama que afecta a alrededor de 18.000 niños, niñas y adolescentes pero sigue siendo un «crimen invisible» que sólo se denuncia en el 2 % de los casos.

La politóloga Natalia Springer presentó hoy estas conclusiones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad estatal encargada de la protección de la infancia, a la que trasladó una preocupante estadística: los niños son «la tercera parte» de las filas de las Farc y el ELN.

Springer ha trabajado durante cuatro años en este informe que busca actualizar, a través del contraste de entrevistas con bases de datos de desmovilizados, las cifras que el Estado colombiano manejaba desde hace al menos una década y que fijaba el reclutamiento infantil en 13.000 individuos.

Sin embargo, según dijo a los periodistas el director del ICBF, Diego Molano, el Gobierno colombiano va a contrastar con otras fuentes esas cifras para «darle una dimensión diferente» y así preparar políticas públicas ad hoc.

De acuerdo con las cifras del documento, el 42 % de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) corresponde a menores reclutados, mientras que en la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 44 % de los insurgentes son menores de edad.

En los grupos paramilitares, que de acuerdo con el informe «no se extinguieron» con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que tuvo lugar entre 2003 y 2006, hay un 40 % de reclutamiento infantil.

Mientras que en sus herederas, las bandas criminales, la presencia de menores supera el 50 %.

De acuerdo con cifras oficiales, las FARC están formadas por alrededor de 9.000 guerrilleros, mientras que en el ELN hay unos 3.000 y hasta el momento es muy difícil establecer la composición de bandas criminales y grupos narcotraficantes.

Además, unos 100.000 menores están vinculados a sectores de la economía ilegal que dependen directamente de la guerrilla y las bandas narcotraficantes con un pasado paramilitar.

«Lo más difícil que encontré en este estudio, entre otras cosas, es la excesiva vulnerabilidad y el riesgo al que están expuestos los niños en grupos indígenas, hasta el punto en que se ha convertido en una emergencia humanitaria», expuso la investigadora.

Los indígenas son 674 veces más vulnerables al reclutamiento que el resto de niños colombianos, pues se asientan habitualmente en zonas rurales y remotas donde operan los grupos armados ilegales y además «son los que mejor resisten las condiciones y los que menos desertan y abandonan las filas».

Aunque muchos de los menores vinculados tienen familiares en los grupos ilegales, el informe es claro al asegurar que «en ningún caso en el reclutamiento media la voluntad de los niños y las niñas», pues a ninguno le gustan las armas, la violencia indiscriminada ni ser utilizado como objeto sexual.

Molano valoró que el documento le «haya dado voz a los niños» a través de las entrevistas a 491 menores desmovilizados acogidos en un programa del ICBF y a otros 7 reclutadores que entregaron las armas, pues los testimonios ilustran el alcance de este drama.

«Por ahí no hay escuelas ni nada, unos niños somos campesinos o nos vamos pal (sic) monte», relató un menor sobre la primera vinculación, a la que le sigue un duro entrenamiento: «la primera arma que te dan es la parte de un muerto, un pedazo, para que te acostumbres al olor de la muerte».

Una niña desmovilizada recordó que desde el primer momento fue sometida por «El Cucho» a abusos sexuales y le empezó a «ir bien» cuando se convirtió en su novia oficial, mientras que otra relató su experiencia con el aborto: «me lo sacaron a patadas (…) ninguna puede quedar embarazada».