Edilia Mendoza, de la Mesa de Unidad Agraria, es una dirigente campesina histórica. Su vida ha estado marcada por la violencia, pero también, por las luchas y las reivindicaciones del sector social más victimizado.

Grupos de extrema derecha han ejecutado cuatro atentados contra ella y su pareja. Todos ellos, infructuosos. Se ha constituido como defensora de los derechos de la mujer rural.

Es heredera de la histórica Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Hoy lidera la asociación más grande de organizaciones sociales campesinas la Mesa de Unidad Agraria. Un actor que se ha vuelto un interlocutor válido para el Gobierno y que cada vez cobra más legitimidad.

Confidencial Colombia: Ustedes han propuesto un modelo alternativo al Estatuto de desarrollo rural y, precisamente, el tema del Agro es uno de los que se tratarán en los diálogos entre el Gobierno y las Farc ¿Cambia en algo su propuesta por el desarrollo de las negociaciones?

Edilia Mendoza: Es muy importante la propuesta que nosotros hacemos sobre el desarrollo rural, es toda una vida de trabajo y de lucha por la defensa del sector.

Creemos que es muy importante que se coloque en la mesa de negociación uno de los puntos más neurálgicos, y donde ha surgido precisamente el conflicto social y armado existente en el país, como es el agro.

Es necesario empoderar a las diversas organizaciones y comunidades rurales existentes en el país para que, con mucho ahínco, arropen este proceso de Paz.

Nos alegra que en la mesa de trabajo esté uno de los temas más latentes de la guerra en este país, pero también nos corresponde a nosotros, el movimiento campesino, social, afro e indígena, seguir en nuestros propios trabajos con nuestra propia palabra y con nuestra propia decisión.

CC: Las FARC han propuesto que haya unos foros sociales ajenos a la negociación pero que se tengan en cuenta para definir las políticas que salgan de la mesa de diálogos. ¿Cómo hacer para que la palabra de la sociedad civil sea tan importante como la del Gobierno y la de la guerrilla en este proceso?

EM: Durante muchos años el movimiento campesino ha luchado por los derechos de campesinos y campesinas. Por ejemplo, construimos el mandato nacional agrario y la ley de mujeres rurales que es la ley 731 del 2002. Hemos hecho muchas propuestas que se deben tener en cuenta porque han sido un proceso colectivo

Independientemente del quehacer que tenga el gobierno con la guerrilla, nosotros continuamos en nuestra labor cotidiana de realizar los diferentes talleres, encuentros y trabajos que hemos propuesto como Mesa de Unidad Agraria. Sin duda, enviaremos nuestras propuestas a la mesa para que sean puestas en consideración.

Como movimiento tenemos muy claro que este país requiere una soberanía, una autonomía, una seguridad alimentaria, una política agraria ambiental y alimentaria. Este país requiere del desarrollo rural integral y humano.

Es todo un concepto muy importante. Podemos entrar a contribuir con esas ideas. Al final, nuestra única meta es que nuestro trabajo contribuya a este país, al proceso de paz, a la construcción de la paz que no conocemos.

Nos parece muy importante que por fin, en décadas, el pueblo colombiano, el Gobierno y la izquierda reconozca que existimos, resistimos y producimos. Hoy, más que nunca, hacemos parte del debate político.

CC: Durante los distintos experimentos de paz que se han hecho en este país, “la guerra sucia” se ha dado contra el movimiento campesino, como ocurrió con la Anuc, ¿Cómo hacer para romper esa espiral, cómo hacer para que no vuelva a pasar lo mismo?

EM: Existen en este país dos espacios, el campo y la ciudad. Sobre esos territorios se dan violencias, se dan inequidades, se dan muchas situaciones de violencia en lo privado y en lo público. Nosotros, las comunidades rurales estamos en el territorio que ha sido más hostigado, más reprimido; por ende, necesariamente, tienen que contar con nosotros.

Hemos sido, y somos, afectados por todos los actores, los paramilitares, el Estado y la insurgencia.

Sabemos que estamos en medio de tres fuegos y que nuestro quehacer es la defensa de los Derechos Humanos y el territorio. Pero, para todas estas fuerzas es vital el territorio donde estamos las comunidades. Es una situación muy difícil de entender, pero es así.

Para cuidar la vida de la gente los actores deben reconocer que, y en esto hay que ser enfático, las comunidades rurales no están comprometidas con ninguno de los actores. Somos los afectados por esa guerra intensificada que se da entre ellos por tener poder sobre unos territorios y explotarlos.

Cada actor debe hablar de lo que le compete. Nuestra competencia es precisamente defender nuestros territorios, la vida, las mujeres y cada uno de los actores existentes en el campo.