En un debate en el Senado de la República, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, presentó información que da cuenta de convenios realizados entre el Ministerio de Defensa y algunas empresas del sector minero energético.

Según lo presentado por el senador, en 20 años, entre 1995 y 2015, 68.225 miembros de las Fuerzas Armadas han sido destinados a convenios, que suman 1229, para proteger, exclusivamente, las instalaciones de estas empresas.

Para el congresista este hecho estaría teniendo visos de privatización de las fuerzas estatales.

Además, el senador presentó evidencia sobre la celebración de este tipo de convenios con batallones del Ejército Nacional que poseen el mayor número de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.

Como ejemplos de la delicada situación que se presenta en este caso Cepeda presentó varios casos, como el de el general Henry William Torres. Su comandancia de la Brigada 16 en Casanare, entre los años 2005 y 2007, coincide con 143 ejecuciones de ese tipo, denunciadas ante las autoridades.

Esta Brigada, entre 2002 y 2014 tuvo 40 convenios con empresas como Ecopetrol, BP, Pacific Rubiales y Petrobras, entre otras. Estos convenios tuvieron un valor de $ 209. 488. 539. 666 de pesos.

También denuncia Cepeda que la Fuerza Pública ha sido permisiva con acciones llevadas a cabo por las empresas de seguridad de la grandes compañías cuestionadas, que tienen como fin vulnerar derecho de los trabajadores. Es así como recoge una denuncia del senador Alexander López, quien asegura que fue violentado por miembros del Esmad de la Policía, siendo amenazado y detenido de manera irregular en 2013 cuando intentaba asistir a una asamblea sindical de trabajadores de Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, Meta.

Para el senador Cepeda no tiene validez jurídica que en un escenario de posconflicto se lleven a cabo este tipo de convenios que conducirían a la privatización dela fuerza pública. Además, recomendó que se haga seguimiento y veeduría ciudadana a este tipo de contratos. Por ello pidió que el Ministerio de Defensa aclaré el carácter de confidencialidad con que están cobijados estos convenios.

De igual forma pidió a la Comisión Segunda del Senado que le facilite a la Fiscalía General de la Nación y a al Procuraduría General ,esta información para que sirva como insumo en las investigaciones que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros de la fuerza pública.