Amnistía Internacional alertó este miércoles que la reforma a la justicia militar y el Marco legal para la paz son dos iniciativas legales que pueden «exacerbar la impunidad». Estas iniciativas darían excesivo poder a la fuerza pública e impedirían el acceso de las víctimas a la reparación.

Esa reforma «podría tener como consecuencia la transferencia de muchos casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos», subraya la organización no gubernamental en su informe anual referido a 2012.

Además, menciona que el Congreso colombiano aprobó el «Marco legal para la paz», que, según AI, «podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos eludieran la acción de la justicia».

Esas dos leyes amenazan «con exacerbar la impunidad» en Colombia, de acuerdo con AI.

El Gobierno colombiano explicó en una carta remitida el pasado 26 de abril a la ONU sobre la reforma del Fuero Militar que están excluidos «expresa y taxativamente» de la nueva Justicia Penal Militar «los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado», que quedarán en manos de la justicia ordinaria.

Amnistía Internacional reseña, por otra parte, en su informe que «la gran mayoría de los responsables de abusos contra los derechos humanos siguieron eludiendo la acción de la justicia».

Cita, en concreto, «amenazas y homicidios» contra personas que intervenían en causas penales relacionadas con los derechos humanos, como abogados y testigos.

«A pesar de la condena pública del Gobierno a los ataques contra ellos, los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos», agrega AI.

La organización afirma que en 2012 al menos 40 activistas y dirigentes comunitarios y 20 sindicalistas murieron en Colombia.

Menciona, sin embargo, como un éxito la condena en un tribunal civil del general retirado Rito Alejo del Rio a 26 años de prisión por el asesinato de un campesino por paramilitares con los que, según AI, el jefe militar mantenía «estrechos vínculos» y permitía cometer abusos «con impunidad».

Con respecto al largo conflicto armado interno, AI destaca que el Gobierno y las Farc iniciaron en octubre en Noruega conversaciones formales de paz, «las primeras de esta índole en un decenio».

Sin embargo, alerta de que persiste la preocupación de que una paz estable no sea posible «sin el compromiso verificable por ambas partes de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, y sin el compromiso de las autoridades de llevar ante la justicia a los autores de abusos».

Según AI, todas las partes en el conflicto -paramilitares, grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad- «continuaron siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, desplazamiento forzado, tortura, secuestros o desapariciones forzadas y violencia sexual».

Las víctimas fueron sobre todo miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; defensores de los derechos humanos y sindicalistas, añade.

Aunque señala que no se disponía de cifras concretas, subraya que «decenas de miles de personas» se vieron obligadas a abandonar sus hogares en Colombia en 2012 como consecuencia directa del conflicto.

Con respecto a los grupos paramilitares, afirma que, pese a su supuesta desmovilización, fueron responsables de «violaciones graves» de derechos humanos, como homicidios y desapariciones forzadas, y de operaciones de «limpieza social» en barrios urbanos pobres.

Las víctimas fueron principalmente sindicalistas y defensores de los derechos humanos, así como representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

A las guerrillas de las Farc y ELN AI achaca «abusos graves» contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, tales como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores de edad y uso indiscriminado de armas, entre las que cita minas terrestres.

A las fuerzas de seguridad, AI responsabiliza de «graves abusos» a los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, a veces en connivencia con grupos paramilitares, y denuncia que se siguieron denunciando «ejecuciones extrajudiciales» directamente perpetradas por las fuerzas de seguridad, aunque no en la escala de años anteriores.

AI también denuncia amenazas e incluso asesinatos de personas que intentaron regresar a sus tierras tras entrar en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.