Después de casi cinco meses de haber sido restituido en su cargo, la permanencia del alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro en el Palacio Liévano parecía garantizada, más aun después de las medidas cautelares expedidas por el Consejo de Estado. Sin embargo, dos procesos que corren en su contra en la Procuraduría General de la Nación podrían volver a complicar esa situación.

Si bien en estos procesos el Alcalde hasta el momento parece estar exonerado de cargos que lo lleven hasta una destitución, el Ministerio Público sigue avanzando en la investigación y posiblemente produzcan nuevos ruidos para la administración distrital.

El primero de ellos tiene que ver con la presunta responsabilidad de Petro en el nombramiento del exsecretario de desarrollo económico y exdirector del IPES, Jorge Pulecio.

Un año antes de ser nombrado como director del IPES, Pulecio fungía como presidente y miembro de la Junta Directiva de esa entidad, situación que lo inhabilitaba inmediatamente, según el régimen de inhabilidades.

El proceso disciplinario terminó y él fue absuelto por parte de la misma Procuraduría, con el argumento de que como él no es abogado no podía saber que violaba el régimen al aceptar el nombramiento. El Ministerio Público consideró que no existió mala fe en el actuar del funcionario.

Entre los papeles que debe entregar un funcionario para posesionarse hay un documento en el que personalmente certifica que no existen inhabilidades en su nombramiento. Difícilmente, entonces, este caso podría desencadenar un proceso de responsabilidad disciplinaria del alcalde Petro, porque la responsabilidad sobre las inhabilidades de los nombrados no recae sobre quien nombra sino en el nombrado.

El otro proceso que podría amenazar la continuidad del mandato de Petro es el que tiene que ver con la contratación de las lámparas led para la semaforización de la ciudad. El polémico contrato, firmado el 27 de diciembre de 2013, tuvo un valor de 6.000 millones de pesos para la compra de estas luces.

Un concepto técnico emitido por la Universidad Distrital certificó que la mayor parte de las bombillas compradas estaban defectuosas, razón por la cual hoy se encuentran arrumadas en una bodega. Posteriormente, un nuevo concepto técnico, esta vez de la Universidad de los Andes, certificó la viabilidad e idoneidad de las lámparas.

La Procuraduría General interpuso una acción popular y abrió una investigación en contra del alcalde Gustavo Petro, los contratistas que hicieron la provisión de las bombillas y el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez. Uno de los argumentos que esgrime el ente de control es que las pruebas técnicas de ambas universidades midieron parámetros diferentes, siendo la más idónea la de la Universidad Distrital.

Según fuentes cercanas a la Procuraduría General de la Nacional este proceso estaría abriendo la puerta a una posible segunda destitución del mandatario capitalino. El ministerio Público ha expresado que este contrato fue una “maniobra engañosa e indebida” que carece de transparencia y cuyo único fin es favorecer a los contratistas.

Sin embargo, la responsabilidad de Petro en la firma de este contrato carece de poder vinculante ya que él no está facultado para contratar. Además, al no ser abogado no podría saber que existen esas inhabilidades operativas y carecería de los conocimientos técnico-jurídicos para ello. Por esa razón es que todos los mandatarios cuentan con equipos asesores técnicos y jurídicos que son quienes motivan ese tipo de decisiones. Un ejemplo de ello es que en el caso de Andrés Camargo, exdirector del IDU, la Procuraduría General solicitó su absolución, lo mismo que en el caso de Andrés Felipe Arias. Es decir, que Petro no podría ser investigado o condenado por la misma razón por la que Pulecio fue absuelto por el mismo ente de control.

Por ahora ambos procesos continúan en manos de la Procuraduría, el de los bombillos led, directa y personalmente por el procurador Alejandro Ordóñez.

Así las cosas, se estaría abriendo un nuevo capítulo en la larga controversia jurídica que ha enfrentado a la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.