A este medio llegó una denuncia que pone en duda la transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en temas que ya antes han causado polémica, como el pago de pensiones a funcionarios en el exterior.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, igual que en cualquier despacho oficial, todos andan muy ocupados y tienen una agenda apretada. Por supuesto manejar el país en materia internacional es una tarea difícil, de largo aliento, diariamente surgen escollos que superar y algunos asuntos, inevitablemente, se quedan entre el tintero.

Uno de estos asuntos que se engavetó en San Carlos fue una queja presentada por alguien que, al parecer usando un seudónimo, “estaría buscando hacerle daño a la Cancillería”, en palabras del funcionario que atendió a Confidencial Colombia. Pero su contenido llama la atención.

El pasado 12 de agosto el señor José Javier Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía 10.827.432, envió al Ministerio una carta que Confidencial Colombia pudo conocer, en la que señala que la ministra María Ángela Holguín “no se ha podido percatar de la gravedad de lo que está sucediendo al interior de la Cancillería”.

Y habla de dos situaciones: la primera es la manera como, con presiones indebidas, habría conseguido su cargo la actual cónsul en Madrid María Margarita Salas, y cómo se llevó a todos sus amigos de la Secretaría General del ministerio “para convertirse en una cónsul con rango de embajadora”. Según el denunciante, Salas habría organizado los decretos para cambiar el rango del Consulado en la capital española, con el fin de “quedarse con todo”.

La segunda situación que se describe en la carta es más grave, y retoma un asunto del que ya antes se ha hablado. Se trata de un “carrusel” de abogados que en los últimos años le estaría “atracando” el sueldo a los pensionados o exfuncionarios del Ministerio cobrándoles grandes sumas de dinero por gestionar sus liquidaciones, que a su vez son tramitadas por Ancizar Silva, el ahora Secretario General.

En la carta se señala a Silva de ser el “tramitador por comisiones de las liquidaciones de los funcionarios” y se asegura que, por esto, el secretario estaría recibiendo millonadas.

Confidencial Colombia ha intentado establecer comunicación con el denunciante en varias ocasiones para validar la información pero no se ha obtenido respuesta. En todo caso, hablamos con la Cancillería y allí dijeron que la denuncia la conocen y que le están haciendo seguimiento, pero creen que la acusación sólo busca hacerle daño al Ministerio pues en el documento no se adjunta ninguna prueba; además de que ellos tampoco han podido dar con el señor Jaramillo.

Subraya también la Cancillería que el mismo Ancizar Silva pidió que se le abriera una investigación preliminar en el caso, con el objetivo de certificar la claridad de los trámites y procesos.

De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la cartera de Relaciones Exteriores el 14 de marzo, “siempre se ha actuado dentro de los lineamientos legales” frente a la liquidación de prestaciones sociales vinculadas con el servicio exterior de la Cancillería. De hecho, mencionan que se liquida con base en la normatividad dictada por el Artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, que dice que “las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La Cancillería aclara que este artículo se declaró inexequible por la Corte Constitucional y se ordenó realizar el pago de los aportes pensionales de conformidad con el salario que devenga el funcionario.

Ahora, si bien en el Ministerio apuntan que lo escrito en la carta es un ataque sin pruebas, el documento indiscutiblemente llama la atención ya que en marzo de este año se desató una polémica por algo similar. En efecto, unos informes publicados por El Espectador señalaban que Noemí Sanín, Humberto de la Calle y Luis Fernando Jaramillo lideraban una cadena de demandas en contra de Colpensiones debido a la aparente mala liquidación de sus pensiones por la Cancillería. Dicha deuda, según Noticias Uno, en algunos casos alcanzaba los 600 millones de pesos.

Ante la situación de aquel entonces, la cartera de Exteriores respondió con el mismo comunicado sobre el Artículo 57 con el que dieron respuesta a la denuncia de Jaramillo. Y seguirá repitiendo lo mismo hasta tanto aclare el tema la ministra María Ángela Holguín, única vocera autorizada en la Cancillería.