El ELN habría reclutado a 10 menores entre enero y marzo de este año en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo.

En una visita humanitaria del organismo que vela por los derechos humanos de los colombianos, encontró una apremiante situación de vulnerabilidad para los infantes que residen en esta región.

Uno de los temas más delicados lo constituye la presencia y acciones del ELN, que entre enero y marzo del presente año habría protagonizado al menos 10 casos de reclutamiento forzado mediante maniobras que incluyen la manipulación y el engaño.

Hasta el momento se conoce el caso de cuatro hermanos entre los 6 y los 15 años, quienes deben recorrer a diario dos horas de camino para llegar a la escuela donde están matriculados, siendo constantemente abordados en el trayecto por personas que los inducen a vincularse al grupo guerrillero.

Denuncias formuladas por la comunidad señalan que ante la ofensiva de la Fuerza Pública, la cual ha mantenido operaciones sostenidas contra esas estructuras ilegales en el área; el ELN ha acusado de supuesta delación a varias familias de los sectores rurales, a la vez que ha intentado suplir sus bajas con la incorporación de niños y niñas.

Asimismo, testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, muestran que a los jóvenes les prometen un ascenso rápido dentro de la organización, mientras a las adolescentes les ofrecen trabajos como radio operadoras.

Según, las quejas expresadas por los pobladores, una vez los menores de edad aceptan la oferta de la guerrilla, reciben una semana de entrenamiento y dotación, al cabo de la cual sus padres son citados para expresarles que su ingreso (en este caso al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa) no es obligatorio, y que quienes quieran quedarse pueden hacerlo y los que no, pueden irse.

Sin embargo, no soló la influencia de los grupos armados ilegales y la situación de conflicto en el sur de Bolívar ocasiona este tipo de situaciones, sino que en gran medida se derivan de la desprotección social reflejada en el déficit de acceso a los bienes y servicios básicos para la mayor parte de los pobladores.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo visitó cuatro establecimientos educativos ubicados en los corregimientos Cañabraval, Vallecito, Alto Berlín y Cerro Azul de San Pablo, donde ninguna de las escuelas cuenta con servicio de comedor, hecho que sumado a las grandes distancias que deben recorrer los estudiantes y a las necesidades que padecen, los obliga a recibir clases sin desayuno, y a tomar el almuerzo (en el mejor de los casos) después de las 2 de la tarde en condiciones improvisadas; aspectos como computadores y tablet sin uso por falta de fluido eléctrico, salones multigrados y profesores sin contrato ni afiliación al sistema de seguridad social se suman a los hallazgos.

Estas circunstancias también han contribuido a que muchos alumnos estén desescolarizados, como sucedió con 18 jóvenes que fueron encontrados por la Defensoría en la vereda Patio Bonito, sin la posibilidad de acceder a la educación secundaria y en cambio vinculados a actividades como raspachines de hoja de coca.

Cabe señalar que el escenario de riesgo advertido por la Entidad fue discutido en sesión del consejo de seguridad convocado por la administración municipal de San Pablo el pasado 8 de abril, durante el cual la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación frente a estos temas.