Un nuevo enfrentamiento entre el procurador, Alejandro Ordoñez y el Gobierno se presentó este fin de semana, durante la conmemoración del Día de las Víctimas del conflicto armado. El Jefe del ministerio público criticó la manera en cómo se está reparando y entregando los predios que fueron abandonados por sus dueños en razón de la guerra. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras responde.

El jefe del Ministerio Público, expuso las dificultades que ha encontrado desde que fue sancionada la Ley 1448 (sobre el tema de restitución de tierras). Uno de sus principales argumentos es que el documento no identifica “al reclamante como guerrillero y tampoco a un opositor de buena fe como paramilitar”.

Asimismo pidió al Gobierno no estigmatizar como responsables de despojo a quienes reclaman sus derechos y solicitan revisar y corregir las falencias de la Ley. Ordóñez también cuestiona que en muchas zonas pudo existir violencia, pero en muchos casos esa no fue la causa de la venta o (desplazamiento).

De igual forma, manifestó que la “inducción a solicitantes o a antiguos reclamantes de tierras cuando ellos no las pretenden, solo esperan una reparación económica, por esa razón no retornan a los predios restituidos. (…) Procesalmente hay notificaciones irregulares a los propietarios actuales, al utilizar únicamente la fijación de un aviso en el predio, lo cual no comunica debidamente y se traduce en desconocimiento de las decisiones para los ocupantes del predio”, señaló Ordoñez.

Posteriormente, dijo que, “los únicos enemigos de la Ley de Restitución de Tierras son los victimarios de las FARC, con los que el Gobierno está sentado en La Habana, los únicos enemigos de la restitución de tierras son el ELN y las Bacrim”.

Por su parte, las FARC también criticaron esta política. Jesús Santrich, miembro de la delegación de este grupo insurgente en el proceso de paz, dijo que “la ley ha sido insuficiente (…). Existen grupos paramilitares que no quieren dejarla avanzar. Por eso debe ser reformada y debe ir de la mano con el acuerdo de reforma rural integral que implica distribución de tierras y procesos de restitución”.

El guerrillero denunció que hay demasiada “burocracia y en gastos de funcionamiento se ha invertido el doble de lo que se les ha dado a los campesinos… El uribismo y el procurador están buscando que el latifundio siga creciendo”.

Frente a estos cuestionamientos Ricardo Sabogal, en entrevista con Caracol Radio, dijo que se ha estudiado “cerca de 40 mil casos y hemos encontrado que un poco más del 50 % no aplican a restitución, cuando evidenciamos que las personas han actuado de forma irregular lo ponemos en conocimiento de la fiscalía”.

Sabogal aclaró que aunque la Ley no es totalmente perfecta, los campesinos víctimas del conflicto armado sí tienen derecho a reclamar. Además, reveló que a la fecha hay más de 200.000 hectáreas que beneficia a más de 23.000 campesinos.

Finalmente el Director de la Unidad dijo que, se está hablando con la judicatura para que se pongan más jueces y se pueda agilizar el proceso de restitución de tierras.

Cabe recordar que el primer acuerdo que el Gobierno y las FARC pactaron fue el de desarrollo agrario integral, dado a conocer el 26 de mayo de 2013.

Las dos delegaciones convinieron una reforma rural; acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral y políticas alimentarias y nutricionales