Más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Colombia y del exterior instaron este jueves al presidente Juan Manuel Santos y al Congreso a que retiren el proyecto de enmienda constitucional que busca reformar el fuero penal militar.

En una carta abierta a Santos y a los miembros del Legislativo, las ONG consideraron que, a cambio, el Estado colombiano debe aceptar la asesoría para «superar la impunidad» que propuso un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU.

Las organizaciones aludieron a un mensaje, también abierto, que once relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron el pasado 22 de octubre en Ginebra y en el que instaron a Gobierno y Congreso a que reconsideran el proyecto legal.

De ser aprobado, «se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía», advirtieron los expertos, que ofrecieron su asesoría a Colombia.

La iniciativa, de origen gubernamental, está pendiente de los dos últimos debates en el Senado, que deberá gestionarlo antes de que finalice el actual período de sesiones del Legislativo, que termina a mediados de diciembre próximo.

Las ONG que suscribieron la carta también consideraron que dicha iniciativa hace «previsible» la «impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

En Colombia persisten las ejecuciones sumarias, las torturas, las desapariciones forzadas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los desplazamientos forzados, realidad que, según los firmantes de la misiva, hace imperioso que sea la justicia ordinaria la que asuma su conocimiento, y no tribunales militares.

La reforma, agregaron, promueve «cambios que beneficiarán a militares y policías implicados en graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, sustrayéndolos de ser investigados por la justicia ordinaria».

Lo hace al permitir que «la jurisdicción penal militar, carente de independencia e imparcialidad -por su rol en el conflicto armado y en la represión de asuntos de orden público-, sea facultada para que agentes del Estado, activos o en retiro, sean a la vez juez y parte en estas investigaciones penales», escribieron luego.

Según las ONG, «estos cambios contravienen la jurisprudencia constitucional y los tratados y resoluciones internacionales que han limitado la jurisdicción penal militar a asuntos estrictamente relacionados con la disciplina interna de la fuerza pública».

Las organizaciones también expresaron que indigna que recursos públicos puedan ir a «la defensa de militares y policías acusados de violaciones graves de los derechos humanos, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción».

Mientras, con la reforma, a las víctimas «se les coarta el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y el derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad e imparcialidad», enfatizaron luego.

La carta está suscrita por asociaciones u organizaciones internacionales como Pax Christi, la Oficina de América Latina en Washington (Wola), Acción por la Paz Internacional y Oxfam, y nacionales de abogados, campesinos, de mujeres, indígenas, de negritudes, sindicales, de homosexuales, católicas y de otros credos.