El gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, reprochó “con vergüenza” las declaraciones del expresidente Uribe contra la comunidad de paz de San José de Apartadó, ocurridas en 2004 y 2005, y realizó un acto de rectificación a nombre del Estado colombiano. Los miembros de la comunidad no se hicieron presenten en el acto porque consideran que es el presidente Santos quien ha debido rectificar las declaraciones de su predecesor.

“En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”, dijo el expresidente Uribe en un consejo comunitario a finales de febrero de 2005.

Estas declaraciones fueron hechas días después de que un grupo paramilitar llegara a esta zona del Urabá antioqueño para asesinar a ocho campesinos, entre los que se encontraban tres menores de edad, por considerarlos auxiliadores de la guerrilla. Uribe decidió respaldar el testimonio de un desmovilizado de las Farc, que vinculaba a esa organización con la Comunidad de Paz.

La investigación determinó hace años, según la revista Semana, que “quien había perpetrado la acción fue un comando de aproximadamente 60 paramilitares que estaban bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. Además, ese grupo ilegal estaba protegido por la Brigada XVII del Ejército Nacional para matar a los civiles en la operación ‘Fénix’”.

La labor de la justicia y la indignación de la comunidad hicieron que el padre Javier Giraldo, un incansable luchador por los Derechos Humanos, instaurara una demanda contra el Estado colombiano para exigir la rectificación y la reparación a la comunidad de Paz de San José de Apartadó por lo que consideraba una doble victimización. Tras la masacre paramilitar, el jefe del Estado justificó las razones de los asesinatos.

Luego de estudiarla, el Alto Tribunal determinó en la sentencia T-1025 del 2007 que el Estado debía proteger de manera integral los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Por eso este miércoles, el ministro del Interior Fernando Carrillo le pidió “sinceras excusas” a la comunidad de paz de ese lugar y señaló que el gobierno nacional reprocha “con vergüenza” las declaraciones de Uribe.

“En nombre del Estado, deseo expresar sinceras excusas por las declaraciones, rectificar los pronunciamientos en 2004 y 2005 que ahondan el dolor de la comunidad. Este acto de rectificación también es un reconocimiento y la exaltación en pro de la paz de la Comunidad de San José de Apartadó”.

El presidente Santos no estuvo presente en el evento, pues se dirige a instalar una obra de infraestructura en el Magdalena. Esto causó la indignación de algunos líderes de la Comunidad, al punto de que varios de ellos no asistieron al evento.

El acto de rectificación a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó establece una nueva fractura entre los gobierno de Uribe y Santos. Mientras el exmandatario planteó un manto de duda sobre la legalidad de esta asociación, el presidente Santos condena las estigmatizaciones y legitima la lucha de este tipo de organizaciones en la defensa de los Derecho Humanos.