El Gobierno Nacional, por medio del ministro del Interior, Fernando Carrillo, dio un parte de tranquilidad al afirmar que el orden público en el país está controlado. A su vez, insistió en denunciar infiltraciones de grupos armados ilegales y a no permitir injerencias de los violentos.

Carrillo, en su primer pronunciamiento, expresó el punto de vista del Gobierno respecto a este primer día de paro: «El mensaje a las organizaciones sociales es aislar a los violentos. Es muy importante recordar que lo que rechazamos son las vías de hecho y los bloqueos».

Respecto a ese tema, la Policía confirmó que fueron detenidas en distintos puntos del país 22 personas por atacar vehículos o causar obstrucciones en las carreteras.

De igual forma, el Ministro justificó las acciones policiales: «Nosotros tenemos que defender los derechos de todos los colombianos, por supuesto defendemos la protesta social, pero hay derechos fundamentales como la movilidad, la salud, la educación, que tienen que ser preservados».

En esta primera comunicación oficial, Fernando Carrillo exhortó a la población a que «denuncien si hay infiltraciones de los grupos armados» y aseguró que este tipo de protestas sirven para que estas organizaciones al margen de la ley busquen “el caos y la inestabilidad».

Así mismo, el jefe de la cartera del Interior reiteró la disposición del Gobierno a dialogar con los diferentes sectores que se han sumado al paro. «Tenemos abiertas mesas de diálogo con todos los sectores en este momento, con los indígenas, con los camioneros, con los cafeteros, y vamos a seguir en el diálogo siempre y cuando se respete la protesta pacífica».

Por otra parte, el movimiento formado por organizaciones regionales de productores de café, no se pronunció sobre el grado de participación de sus afiliados ni tampoco lo hicieron los gremios de camioneros o de trabajadores de la salud, entre otros que habían prometido sumarse a la huelga.

Entre las peticiones de los manifestantes están la reducción de precios de los insumos usados por el sector agropecuario, la restricción de las importaciones y el control del contrabando, una nueva política minera y medioambiental que proteja la vocación agropecuaria del país y el fomento de créditos para el sector.