Un informe revela que pese a avances normativos, los colombianos todavía perciben altos índices de corrupción en el sector público. El documento hace un llamado a la ciudadanía para que exija transparencia en época electoral y expone que para ello es necesario que las ramas del poder se coordinen institucionalmente.

Según consigna el Índice de Percepción de Corrupción 2013 realizado por Transparency International, en Colombia no han sido suficientes las reformas normativas e institucionales para mitigar el imaginario de corrupción que tienen los ciudadanos frente al sector público del país.

El documento indica que la lentitud de la Justicia para aplicar condenas a los corruptos y los reiterados abusos de poder del sector público, mantienen a Colombia con un puntaje de 36 sobre 100, siendo 0 la mayor percepción de corrupción y 100 la menor. La cifra, igual a la del año pasado, supone un panorama negativo para el país y lo ubica en el puesto 94 de las 177 naciones consultadas.

De igual manera, el estudio propone avisar a los ciudadanos para que vigilen el proceso de elecciones, teniendo en cuenta que el sector privado (empresarios) juegan una parte vital de un posible aumento de corrupción por época electoral.

“El sector privado tiene una inmensa responsabilidad en el problema de la corrupción. En temas como la financiación de campañas políticas, donde lamentablemente se encuentra la génesis de la corrupción, los empresarios tienen que comenzar a ser más transparentes, contar a quiénes financian y bajo qué condiciones”, aseguró Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia.

Asimismo, la organización llama la atención a la ciudadanía para que se radiquen votos informados y con miras a sancionar políticamente a los corruptos, sin votar por alguno de sus allegados.

“Conocer los antecedentes de los candidatos, pedir cuentas sobre cómo están financiando sus campañas y votar a conciencia, por ideas, serán tres aspectos clave para que en el 2014 no elijamos a la corrupción”, añadió Ungar.

Adicionalmente, el texto señala que a pesar de medidas preventivas como el Estatuto Anticorrupción, éstas no producen avances efectivos, los cuales, en muchas ocasiones, se ven opacados por escándalos de corrupción.

Paralelamente se advierte que si no hay una coordinación institucional entre las ramas del poder, será difícil combatir la impunidad que generan hechos delictivos sin adelantar y el país seguirá sin resultados concretos,

“Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la percepción de corrupción no va a disminuir”, concluyó Ungar.