Piedad Córdoba, portavoz del movimiento de izquierdas colombiano Marcha Patriótica reclamó hoy la presencia de la sociedad civil en las negociaciones de paz que el Gobierno y las FARC iniciarán a partir del próximo 8 de octubre en Oslo.

En un debate en Copenhague, Córdoba defendió la naturaleza política del conflicto colombiano, alertando de que la negociación no se puede reducir a una cuestión de desarme y desmovilización de la guerrilla o al narcotráfico, ya que existe una «agenda social».

Los movimientos civiles pueden ejercer además un papel de «contención» con respecto a las dos partes, recordó la ex senadora y mediadora ante la guerrilla en una veintena de secuestros.

En este sentido, la portavoz de Marcha Patriótica instó al Gobierno a aceptar una suspensión de la actividad militar para permitir «respirar a la sociedad», pues de lo contrario la situación sería «sospechosa».

«Colombia tiene muchos enemigos del proceso de paz, tanto internos como externos. Cualquier circunstancia que pueda ocurrir va a ser aprovechada para perjudicar el proceso», afirmó.

Las conversaciones de paz son una oportunidad para introducir cambios importantes, como «el respeto por la vida y los derechos humanos y la decencia en la política», aseguró Córdoba, quien resaltó que hay «muchas expectativas» en el país.

La ex senadora señaló, no obstante, que hay varias cuestiones de trasfondo, como el reparto de la tierra y el modelo político, que «imposibilita» a la oposición ejercer su actividad con normalidad, de ahí que se muestre escéptica sobre el proceso de paz.

«Es difícil que una paz exprés pueda resolver estos temas», declaró en una mesa redonda organizada por el Internationalt Forum y varios sindicatos daneses, en la que también intervinieron el sindicalista Mauricio Ramos y Javier Calderón, secretario internacional de Marcha Patriótica.

Los representantes de este movimiento, surgido el pasado abril y que estos días realiza una gira por varios países europeos, criticaron también la presencia en las negociaciones de militares y efectivos policiales involucrados en violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno colombiano y las Farc se comprometieron semanas atrás a abrir una mesa de negociación tras unas «conversaciones exploratorias» de seis meses en La Habana.

Cuba y Noruega ejercieron como garantes de estos acercamientos, condición que mantendrán ahora en las negociaciones, que comenzarán en Oslo y luego seguirán en la capital cubana.