El presidente Juan Manuel Santos, anunció un plan de inversiones para compensar a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina afectados por la reducción de mar en la nueva delimitación con Nicaragua, mientras estudia declarar una emergencia económica en la zona.

«No vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la defensa de sus derechos», dijo a periodistas el presidente, quien estuvo las últimas 24 horas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reunido con autoridades, líderes y miembros de la comunidad en general.

Agregó que parte de su visita tiene que «ver con ese aspecto fundamental» que es «la defensa de los derechos» de los habitantes del archipiélago, quienes son los más afectados por la decisión que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció ayer en La Haya.

«Eso quedó claro y bien establecido; aquí no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la defensa de esos derechos», enfatizó Santos.

El mandatario agregó que ahora pasará a estudiar «una serie de alternativas» que se pueden «poner en marcha para que su bienestar, su diario vivir, no se afecte, o si se afecta, ojalá sea para bien y no para mal».

El fallo le otorgó a Colombia siete cayos en disputa pertenecientes al archipiélago caribeño; mientras que a Nicaragua le dio más territorio marítimo en un área rica en pesca y recursos naturales, especialmente petróleo y gas.

Asimismo, Santos anunció que prepara el denominado Plan San Andrés, o Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que permitirá desarrollar proyectos para mejorar la vida de los isleños.

«Inclusive hemos discutido la posibilidad de poder decretar una emergencia que nos permita los instrumentos legales y financieros para poder poner en marcha ese gran plan a que me he referido, para poder darle a este archipiélago la visión de un mejor futuro y donde todos trabajaríamos en forma mancomunada», indicó Santos.

Por su lado, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que el Gobierno abrirá diálogos con Nicaragua para garantizar que los pescadores del archipiélago puedan seguir realizando su faenas.

En esos diálogos, Colombia también planteará que los dos países coordinen políticas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico.

«Tenemos que lograr unos acuerdos de pesca para que los isleños puedan seguir pescando en los lugares donde lo han hecho», defendió la canciller, para quien lo más importante es que los pescadores no tengan problemas con las autoridades nicaragüenses tras el nuevo trazado de límites.

Unos 700 de los más de 70.000 habitantes del archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina viven de la pesca artesanal.

De otro lado, fuentes consultadas por Efe en La Haya, dijeron que Colombia tiene la posibilidad de solicitar a la CIJ una «interpretación» del fallo en el que los jueces redefinieron la frontera marítima, para lo cual debe haber una base jurídica que sustente esa petición.

En el caso de conflictos fronterizos, sin embargo, ese proceso resulta más «complicado», según las mismas fuentes.

Mientras, el país que sí acepta el fallo, en este caso Nicaragua, también puede llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU para que tome medidas pertinentes para el cumplimiento de la decisión de la Corte, que es inapelable y obligatorio, según las reglas del máximo órgano judicial de Naciones Unidas.

El presidente Santos anunció ayer que su Gobierno no está de acuerdo con una parte del fallo de la CIJ por considerar que ha incurrido en «graves errores» al trazar una nueva delimitación marítima entre el país andino y Nicaragua que a su juicio «se salió del ámbito cobijado por el tratado».

Agregó que la Corte contradice una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del archipiélago caribeño, por lo que «desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia».

Mientras que Santos dice que no comparte el fallo, el Parlamento de Nicaragua, en una sesión solemne, lo instó a acatarlo.

«Hacemos un llamado, desde nuestra nacionalidad, desde nuestras raíces profundas, para que sigamos viéndonos como hermanos, respetando todos el derecho internacional», abogó ante el pleno el titular de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez.