Un juez ordenó la restitución de unas 70 hectáreas de tierra despojadas en 1991 a un miembro del movimiento político Unión Patriótica (UP), que como miles de militantes exterminados de este partido desapareció, en su caso después de firmar a la fuerza una escritura de venta.

La sala civil especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá identifica como beneficiarios a la mujer y a los tres hijos del líder comunal desaparecido, del que no se ofrece el nombre.

Se trata del primer reconocimiento a familiares de militantes que sufrieron el exterminio de la Unión Patriótica desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en enero de 2012, y se produce cuando el movimiento espera recuperar la personalidad jurídica que perdió en 2002.

De hecho, aguardan el fallo del Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia contencioso administrativa de Colombia, sobre este asunto, y también espera que este caso sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El terreno se encuentra en la vereda Servitá, ubicada a unos 40 minutos de la ciudad colombiana de Villavicencio, en el central departamento del Meta, que en los años noventa acogió a guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares.

De acuerdo a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, el dueño de la finca comenzó a recibir amenazas de hombres armados en 1991 para que la vendiera por 10 millones de pesos de la época (hoy 5.477 dólares) que nunca le pagaron.

Sin embargo, entregó sus tierras a un tercero como consecuencia del «constreñimiento ejercido» y fueron a parar a manos de Dago Enrique Rodríguez, extraditado en 2006 por narcotráfico, quien durante ese año volvió a traspasar las tierras a una persona cercana que presionó a la familia para que no reclamara el predio.

Según el fallo, un año después el líder comunal de la UP «fue bajado por dos hombres» del autobús en el que viajaba desde Villavicencio hasta la localidad de San Carlos de Guaroa y desde ese momento no se tiene «noticia alguna sobre su paradero».

Como la Justicia colombiana entiende que los supuestos compradores se hicieron con las tierras mediante «presión indebida», anuló el negocio y lo declaró «inexistente», y agregó que esta situación se dio en 23 de los 29 municipios del Meta.

La UP nació en 1985 como parte de un acuerdo entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y lasFarc, en el primer proceso formal de paz entre ambas partes, que no tuvo el resultado esperado.

Desde su creación, la UP fue sometida a una campaña de exterminio a manos de paramilitares y agentes del Estado, que dieron muerte o hicieron desaparecer a más de 4.000 de sus dirigentes y simpatizantes, entre ellos tres candidatos presidenciales.

La sala especializada en restitución de tierras ordenó a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior «prorrogar las medidas» a las que estaba acogida la familia beneficiaria incluso después de que se restituya el terreno, con el fin de prevenir posibles nuevas amenazas.