Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc deben contemplar un inmediato control de las operaciones militares en el campo de batalla por parte del Ejército y la guerrilla para mejorar la grave situación humanitaria, afirmó el International Crisis Group en un informe.

Así se desprende del informe «Colombia, ¿por fin la paz?», de este centro de análisis sobre conflictos armados y publicado a dos semanas de la apertura del diálogo de paz, el tercero con las FARC en casi 50 años de conflicto armado.

«Sin un alto el fuego previo, ambas partes deben ser prudentes en el campo de batalla y ejercer un inmediato control sobre las operaciones militares respetando el derecho internacional humanitario con el fin de construir confianza y mejorar la situación humanitaria», advirtió la directora de Crisis Group en Colombia, Silke Pfeiffer.

La responsable del informe afirmó que «en un primer momento el no al cese del fuego tiene su justificación práctica porque se evita el peligro de distraer las negociaciones con debates sobre condiciones y verificación del mismo».

Pero «a la larga puede ser muy desgastante para ambas partes y la violencia puede fácilmente desestabilizar el proceso», advirtió.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien explicará esta semana a la Asamblea General de la ONU el alcance del diálogo que abrirá con la guerrilla de las Farc, ha dejado claro que no habrá un alto el fuego hasta que se llegue a un acuerdo final.

Aún así, Crisis Group observa que «una solución política al conflicto más antiguo de América puede estar a la vista» y que «hay voluntad por alcanzar un acuerdo».

Eso se explica en que «el gobierno entiende que únicamente por medios militares no puede terminar el conflicto y las Farc parecen reconocer que la lucha armada les permite poco más que la supervivencia».

Según Pfeiffer, «la resistencia al proceso parece ser menor y más débil» respecto a negociaciones anteriores con las Farc, celebradas durante los Gobiernos de Belisario Betancour (1981-1986) y Andrés Pastrana (1998-2002), fracasadas en ambos casos.

Esa fuente de resistencia está liderada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), «cuyo discurso genera un fuerte impacto entre los terratenientes y otros poderosos actores regionales que tienen mucho en juego y una tendencia histórica a usar la violencia para defender sus intereses», agrega el documento.

Lo evidente es que «ninguna de las partes tiene posibilidades de ganar sólo a través de las armas y por ello están fuertemente incentivadas a negociar», con el apoyo mayoritario de la población y las fuerzas políticas, matiza el documento.

«Sólo podrán sentarse las bases para una paz duradera, agrega el informe, si se garantiza el apoyo de la sociedad civil» y «si las conversaciones conducen a un proceso social amplio destinado a enfrentar los problemas del campo, los cuales constituyen el telón de fondo del conflicto colombiano».

El proceso de paz con las Farc, y al que Crisis Group considera debe sumarse la segunda guerrilla colombiana, el ELN, afronta entre otros retos mantener «un amplio apoyo social, político e institucional» y minimizar «la influencia potencial de los saboteadores».

Pero también «ejercer el inmediato control sobre las operaciones militares para evitar que la violencia desestabilice el proceso», insistió Pfeiffer.

En cuanto al plazo de junio del año próximo dado por el presidente Santos para obtener acuerdos concretos, la directora de Crisis Group indicó que es «entendible» porque «ambas partes tienen mucho que perder».

«El presidente, su capital político (ante sus aspiraciones de ser reelegido en 2014) y las FARC posiblemente su última oportunidad para salir del conflicto con un acuerdo político que reconozca algunas causas de su lucha», concluyó.

La mesa de negociación se instalará el 8 de octubre en Oslo para después ser trasladada a La Habana, ciudad donde se forjó el acuerdo que dará paso a los diálogos formales de paz.