Hace un año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor de los niños de las comunidades Wayúu en La Guajira, para proteger su integridad. Esta semana el Gobierno Nacional estuvo en este departamento para buscar soluciones y acatar la observación del organismo internacional. Sin embargo, Gabriel Almazo, líder de esta población dijo que, de los 89 voceros indígenas, ninguno aceptó esta visita, pues solo se trató de tomar fotos para enviárselas a la Comisión, sin llevar verdaderas soluciones.

“La solución fue traer carro-tanques de agua y tomar fotos para mostrárselas a la comisión. Ninguno de los líderes aceptó esas propuestas, porque lo que queremos son soluciones definitivas”, le dijo Almazo a Confidencial Colombia.

Y no es para menos, en La Guajira, durante este año han muerto 14 niños por causas asociadas a la desnutrición; en 2015 fallecieron 37 y en 2014 las autoridades reconocieron la muerte de 48.

El Gobierno por su parte, señaló que se reunieron con las comunidades Wayúu, de cuatro municipios del departamento, donde hicieron una revisión detallada a los compromisos en el marco del cumplimiento de las medidas cautelares concedidas por la CIDH.

Durante las reuniones el Estado se comprometió a buscar alternativas que permitan avanzar en las estrategias planteadas por la comunidad y suplir sus necesidades. En Arroyo Limón, corregimiento del municipio de Manaure, según la Cancillería, los representantes de esta población aceptaron las propuestas, de las que se derivaron compromisos específicos en materia de agua potable, alimentación y salud.

El Gobierno espera finalizar estos recorridos por los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha, para que se logre concertar las acciones en beneficio de la población más vulnerable del departamento.

Esta ha sido una crisis humanitaria que el Estado por mucho tiempo no solo ha descuidado, sino que no ha podido solucionar, y que con el paso del tiempo se ha agudizado.

Las comunidades indígenas que hacen parte de esta región han pedido ayuda sin que esta llegue de manera contundente. Sin embrago, organizaciones independientes como Ejirawa Wapushua, dicen tener la solución.

El proyecto se llama «Desarrollo Social Incluyente y Participativo de La Guajira Colombiana”. En este explican que para solucionar la problemática de agua potable que no llega a la región de la Alta Guajira, “no requiere de estudios de súper ingeniería, no es necesario equipos con desarrollos e innovación tecnológica de punta, «a grandes problemas soluciones simples».

Según la propuesta permite a los habitantes participar en la construcción de su propio acueducto regional y distrito de riego. Es decir que las comunidades se involucren en el proyecto que han denominado -Bosques de La Guajira GFP-. “Es una propuesta integral que suple los requerimientos en agua potable, riego y sostenibilidad alimentaria erradicando el hambre y la desnutrición infantil, generando oportunidades de inclusión social participativa con empleo sostenible y la reactivación económica de esta región”

La iniciativa, “plantea como primera fase, una estrategia de trabajo mediante la cual en un término no superior a 12 meses se logra suministrar agua potable con calidad (…) a la alta Guajira, seguida de una segunda fase, con un plazo máximo de 36 meses para establecer los distritos de riego y la totalidad del acueducto departamental.

Para conseguir esto, el documento dice que se conformarán “equipos de trabajo para realizar la forestación, reforestación y recuperación de los bosques nativos de la sierra nevada de Santa Marta en su totalidad, recuperando el estado original de la madre tierra de hace 300 años”.

Y para su financiación, “los recursos que el estado no disponga para la realización de las obras, serán adquiridos por préstamos internacionales y pagos por el estado. Los ancestrales derechos de las comunidades indígenas deben ser reconocidos como lo establece la constitución y legislación colombiana”.

La organización Ejirawa Wapushua ha presentado el proyecto al Gobierno Nacional, pero según, Gilberto Blanco quien lo lidera, aunque recibieron un comunicado de que fue radicada la solicitud en 2014, nunca esta tuvo una respuesta por parte de las entidades competentes.