Representantes del pueblo raizal, autóctono de las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, denunciaron hoy ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, que un reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) vulneró sus derechos fundamentales

«Nuestros derechos fundamentales como dueños legítimos del territorio raizal fueron violados porque el pueblo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no fue incluido en la decisión tomada por la Corte Internacional de la Haya», afirmó, en declaraciones a EFE, Ramón Howard Britton, pastor de la Primera Iglesia Bautista de San Andrés.

Howard, junto con otros tres activistas raizales, se entrevistaron hoy con Pillay para expresarle su malestar y pedirle su apoyo en sus reivindicaciones.

«Con la pérdida del territorio, tan extenso, casi 80.000 kilómetros cuadrados, la esperanza de un futuro de vida digna ha sido diezmada categóricamente», alertó Howard.

El pasado 19 de noviembre, la CIJ emitió un falló que puso fin a más de 20 años de disputa territorial entre Colombia y Nicaragua.

El fallo confirmó la soberanía colombiana sobre las tres islas mayores y sobre los siete cayos restantes, pero también le otorgó a Nicaragua entre 70.000 y 90.000 kilómetros cuadrados de mar que tradicionalmente eran de los isleños.

«Esta decisión se basó en que el pleito se trató como dos Estados que se disputaban un territorio sin tomar en cuenta que ese territorio estaba habitado desde hace 4 siglos por un pueblo que es uno, con su territorio, que expresa su cosmovisión y su cosmogonía, su espiritualidad en ese territorio», añadió.

«El pueblo no ve su futuro sin la integridad de su territorio, por eso estamos acá, para pedir que ese derecho fundamental al territorio sea respetado», agregó.

Ante esta situación, el activista, más allá de pedir el apoyo específico de Pillay y, en general de la ONU, para lograr la revisión del fallo, expresó que la solución a medio plazo para su pueblo pasa por la autonomía del territorio raizal.

«Tener el derecho a planificar la vida, a hablar por su territorio es esencial. Por eso creo que no fuimos visibilizados (en el proceso en la Haya), porque no fuimos tenidos en cuenta», dijo.

«Cuando otras personas toman decisiones por uno, suceden cosas como esas», afirmó rotundo, aunque no ahondó en las vías de cómo conseguir mayor autonomía del estado colombiano.

Precisamente, el Estado estuvo representado en la reunión a través de una figura gubernamental, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Patti Londoño Jaramillo.

La funcionaria explicó que vino a Ginebra para apoyar a la delegación raizal en sus reivindicaciones sobre la vulneración de sus derechos, un encuentro que sigue al que la ministra de Exteriores mantuvo con el secretario general de la ONU en Nueva York.

Consultada sobre los próximos pasos a seguir y en la posibilidad de buscar la forma de plantear algún tipo de recurso al fallo, la viceministra respondió que no se descarta ninguna posibilidad.

«Como gobierno estamos explorando la posibilidad de todos los recursos posibles porque lo más importante es respetar los derechos del pueblo raizal, del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina», aseguró.

«Tanto los abogados del equipo internacional como del nacional están examinando, conociendo muy bien el fallo, sus implicaciones en la aplicación concreta y ver qué tipo de recursos permite la ley internacional para poder plantearlo nuevamente», explicó Londoño.

El Movimiento por la Autodeterminación Étnica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (AMEN, por sus siglas en inglés), que preside Howard, ya presentó un boceto de estos planes de autonomía al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que los tiene en estudio.

El pueblo raizal está formado por nativos descendientes de los piratas europeos del siglo XVIII y de sus esclavos, y habita un archipiélago que dista 190 kilómetros de Nicaragua y 775 de la Colombia continental.