El propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso su firma este martes ante la secretaría de Senado para radicar el proyecto de ley de reforma al fuero militar. Esta es una de las dos iniciativas que desde el gobierno pretenden brindar seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública.

«Si en un momento dado aparece un grupo armado, no importa cómo se llama, si le dicen bacrim o como le quieran decir, en ese momento organización criminal o grupo armado que cumple las características mencionadas, la fuerza militar en ese caso podrá emplearse con los límites y proporción que esta misma ley señala», afirmó el ministro al momento de poner su firma ante el legislativo.

Pinzón estuvo acompañado por varios de los presidentes de los partidos que conforman la Mesa de Unidad Nacional, lo que confirma el respaldo de las colectividades no solo a ese proyecto sino a las iniciativas que propone el gobierno al Congreso de la República.

Una de las prioridades de la administración Santos para este segundo periodo del año legislativo es asegurar que los militares puedan defenderse y tengan garantías ante la ley. Para eso, desde el ministro de Defensa se van a presentar dos proyectos al Congreso: la reforma al fuero militar y a la justicia penal militar.

El propio jefe de la cartera militar, Juan Carlos Pinzón, irá a la secretaría del Senado a radicar el documento de reforma al Fuero. Según el periódico El Tiempo, una de las modificaciones más sustanciales que plantea el documento es la facultad que se da a las fuerzas militares para combatir a las Bandas Criminales.

Sin embargo, desde el ministerio se afirma que a través del Plan Troya, el ejército ya ha venido combatiendo a este grupo irregular desde hace 3 años. En este proceso de lucha contra las Bacrim, la fuerza pública ha realizado acciones conjuntas entre ejército y la policía.

La novedad en la reforma al Fuero tiene que ver con reglamentar la forma en la que intervenga el Ejército en operaciones contra las Bacrim. Estos grupos, según Mindefensa, venía aprovechando una especie de vacío legal para operar en territorios rurales, donde era difícil el acceso para la policía y el Ejército no podía operar plenamente.

“El proyecto señala que la posibilidad de decidir en qué operaciones se usará el poderío militar dependerá de la cúpula de las Fuerzas Militares, aunque el Presidente tendrá opinión en el tema”, señala El Tiempo.

Frente a la definición de grupo armado ilegal, en el cual podrían entrar las Bacrim, el proyecto señala que deben cumplir tres características: tener una línea de mando, mostrar acciones de “alta peligrosidad” y tener un tipo de armamento y de capacidad de daño a la población civil determinado.

Si el grupo “cumple” estos tres requisitos para ser considerado un grupo armado al margen de la ley, la fuerza pública podrá operar con todo su peso y, según el ministerio, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.

Los 98 artículos radicados ante el legislativo, que conforman el proyecto de reforma al Fuero, representan una ley estatutaria, y para su aprobación deberán contar con la “mayoría absoluta y revisión previa por parte de la Corte Constitucional”, según el legislativo.