La reforma agraria se colocó en el centro del debate del foro organizado por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia para recibir propuestas que ayuden a resolver el conflicto armado de un país que, a diferencia de sus vecinos, nunca ha acometido una reestructuración de la propiedad de la tierra.

Este foro agrario concluirá mañana después de tres días de debates en los que participan sociedad civil, empresarios, organismos internacionales y representantes del Gobierno.

Del encuentro saldrá una hoja de ruta que llegará antes del 8 de enero a los negociadores del Gobierno y las Farc en Cuba.

Precisamente los integrantes de la mesa de diálogo pidieron desde La Habana la celebración de este foro, como fórmula de participación en el proceso de paz de la sociedad civil y los sectores afectados por el conflicto rural, el primer punto de la agenda del Gobierno y las Farc.

Los portavoces de organizaciones y gremios coincidieron en señalar la improductividad de los latifundios en un país donde el 52 % de la tierra está en manos del 1,15 % de los propietarios, lo que hace de Colombia uno de las naciones más desiguales del mundo.

«Es necesaria una reforma agraria porque Colombia es un país que ha postergado ese cambio trascendental que lo convertiría en una nación moderna», afirmó a Efe el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso Iván Cepeda.

Según el legislador del Polo Democrático Alternativo (PDA), «aquí no se está discutiendo si dejar sin propiedad a los grandes terratenientes, si acabar con la propiedad, si hacer el socialismo agrario, no se trata de eso, es simplemente una reforma que democratice ciertos aspectos de la vida rural».

En los mismos términos se expresó la portavoz de la Asociación Colombiana de Reservas Campesinas, Olga Lucía Quintero, quien abogó por un modelo que promueva la redistribución de la tierra, implemente «una reforma agraria y reconozca los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos como claves de un desarrollo sostenible».

Las Zonas de Reserva Campesina son áreas autónomas creadas en terrenos baldíos, cuyos títulos de propiedad son de los que trabajan allí, y que están establecidas por ley, pero pasados 20 años sólo seis se han puesto en marcha.

Por su lado, el coordinador de la Mesa Diálogo Rural, Santiago Perry, pidió al Estado «estrategias ambiciosas que permitan recuperar la propiedad de los predios que no cumplan con la función social y económica de la propiedad», así como obligar a los latifundistas a demostrarlo.

Estas peticiones contrastaron con la declaración que hizo el lunes el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, quien dejó claro que «la mesa de negociación no se está planteando una reforma agraria».

Mejía, cuya asociación congrega casi el 75 % del producto interno bruto agropecuario, advirtió de que «la expropiación no puede ser utilizada con el fin de resolver problemas coyunturales de la política agropecuaria».

Y recordó que los negociadores han dejado claro en Cuba que «la propiedad privada bien habida se respeta, el modelo de mercado se respeta y que el modelo económico no está en discusión».

El despojo y desplazamiento forzado de campesinos, el bajo aprovechamiento del potencial productivo y la brecha entre el mundo rural y urbano en materia de infraestructuras y servicios públicos son otros de los principales problemas que denunciaron los líderes sociales.

Y es que a esa concentración de la propiedad se suma la gran cantidad de tierras destinadas a la ganadería extensiva que, según el portavoz de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, Eberto Díaz, se cuantifican en «38,6 millones de hectáreas, aunque sólo 20 millones son aptas para esta función».

Por eso, la mayoría de los asistentes se quejaron por la ausencia en el foro de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), quejas a las que hoy se sumó el presidente Juan Manuel Santos.

«Me parece irracional que un gremio como Fedegan, o por lo menos su presidente (José Félix Lafaurie), asuma una posición política de esa índole y se niegue inclusive a enviar propuestas», dijo Santos.

Mientras tanto, desde La Habana, las FARC saludaron la celebración del foro pero advirtieron de que el destino de Colombia depende de solucionar el problema de la tierra.

El jefe negociador de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», subrayó que «la estructura latifundista» se mantiene como «causa fundamental» de la confrontación «que desangra a Colombia».