Si los paramilitares quieren conservar las penas de la ley de Justicia y Paz, que son de cinco a ocho años, deberán reparar a sus víctimas. Así lo aprobó este miércoles la plenaria del Senado en el debate final para reformar esta polémica iniciativa legal, que cumple 5 años de ejecución.

La plenaria del Senado aprobó la mayoría de los artículos del proyecto de reforma de esa Ley de 2005, y se incluye uno que permitirá la salida masiva de desmovilizados de prisión si no tienen una sentencia.

La medida se llama ley de «sustitución de la pena» y permite que los desmovilizados sin sentencia en firme puedan salir de prisión si ya cumplieron ocho años de pena.

Asimismo, da prioridad para que los beneficiados con el ajuste de la legislación cumplan con los criterios de verdad y reparación con las víctimas de sus actividades.

Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron unos 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, merced a un acuerdo con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y en ese pacto se acordaron penas no superiores a los ocho años.

La reforma ahora evitará que los desmovilizados que se beneficiaron con las penas alternativas, queden libres en diciembre del 2014 por vencimiento de términos, toda vez que cumplen su tiempo máximo de reclusión, sin que sus procesos hayan sido definidos jurídicamente.

La norma aprobada en la plenaria de este miércoles también endureció los requisitos para poder acceder a los beneficios establecidos, por lo que si los desmovilizados no dicen toda la verdad y no reparan a las víctimas, serán expulsados del proceso y enfrentarse hasta a 40 años de cárcel.

El vicefiscal general colombiano, Jorge Perdomo, dijo que «en una primera aproximación en la Fiscalía tal vez no estarían menos de 10 personas siendo desvinculadas de Justicia y paz, bien porque tienen procesos por falsos testimonios, porque han sido condenados o sencillamente porque no han colaborado».

Y el coordinador ponente de la norma, el liberal Juan Fernando Cristo, aseguró que esta «es la última oportunidad para los victimarios de decir la verdad y reparar a sus víctimas».

Con la reforma se establece en cuáles causas la Fiscalía puede pedir la exclusión de un desmovilizado del proceso por falsos testimonios y por imputar cargos a personas inocentes, no entregar bienes, faltar a la verdad y no confesar los hechos.

En 7 años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, según el vicefiscal, solo se han proferido 7 sentencias.