El ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, denunció la apropiación y adjudicación irregular de entre 70.000 y 100.000 hectáreas de tierras baldías del Estado y criticó que algunos terrenos tuvieron como destinatarios personas acaudaladas y no campesinos pobres.

Restrepo explicó que estas cifras resultan de un estudio realizado junto con la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder en el departamento de Antioquia.

Para ello, se revisaron entre 1.500 y 2.000 expedientes de adjudicación de tierras expedidos entre 2007 y 2011 por el Incoder, entidad a la que le corresponde esta labor.

«Aquí se quebrantaron estas normas, se entregó a personas que tenían importantes recursos patrimoniales, se entregaron más hectáreas de las que los mínimos de la ley permite entregar y se quebrantaron muchas normas legales», consideró el ministro.

Y es que de acuerdo a la legislación agraria colombiana, los beneficiarios de las tierras baldías del Estado deben ser «campesinos pobres» que las vayan a emplear con fines agrarios y han de tener una extensión limitada.

Sin embargo, en esta región y sobre todo en el golfo de Urabá se han dado casos como el de una señora que recibió títulos públicos a pesar de tener un patrimonio de unos 3.000 millones de pesos (1,67 millones de dólares) y la intención de usar las tierras con fines distintos a los agropecuarios.

El ministro advirtió que esta práctica irregular, en la que supuestamente están involucrados funcionarios del Incoder y terceros con los que se aliaron, no se restringe a la región de Antioquia.

Por el contrario, afirmó que el «uso abusivo de los baldíos públicos» es algo «bastante generalizado» en el país, a través del acaparamiento indebido de tierras baldías y la adjudicación irregular de terrenos fiscales, por lo que las autoridades han comenzado a investigar más casos de este tipo en otras regiones.

Las autoridades ya han interpuesto denuncias penales y han iniciado acciones disciplinarias contra los involucrados en estos hechos irregulares.

El ministro Restrepo ha sido uno de los funcionarios más comprometidos con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, vigente desde enero de este año con el fin de devolver las tierras que en el transcurso del conflicto armado han sido usurpadas a sus verdaderos dueños.