La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha firmado la ley que contempla una amnistía parcial para quienes tengan fondos sin declarar en el extranjero, una medida con la que el Gobierno prevé repatriar unos 150.000 millones de reales (unos 34.000 millones de euros).

La medida, que ya había sido aprobada por el Legislativo, permite la regularización de recursos de origen lícito no declarados sin, por ello, incurrir en delitos de fraude fiscal o evasión de divisas, entre otros delitos.

Con esta propuesta el Gobierno pretende recaudar unos 21.000 millones de reales (unos 5.235 millones de dólares) este año, en un momento en el que las cuentas públicas están debilitadas.

De acuerdo con la ley, los ciudadanos que decidan ingresar el capital en Brasil de manera voluntaria deberán depositar el 30% del valor repatriado, del cual el 15% irá destinado al pago de una multa, mientras que el porcentaje restante será para el impuesto sobre la renta.

No obstante, Rousseff impuso doce vetos, entre ellos el del punto que permitía le regularización de objetos enviados de forma regular, pero no declarados, como joyas u obras de arte o el que daba vía libre a la repatriación de recursos en nombre de terceros.

La ley de repatriación es una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Rousseff para aumentar la recaudación de sus cuentas, tras registrar en 2015 un déficit récord.

Para reequilibrar los números, el Gobierno también lanzó el pasado año un severo plan de ajuste fiscal que prevé una reducción de los gastos y un aumento de los ingresos, especialmente a través de la vía tributaria.

Las medidas de austeridad han enfriado la economía, que en 2015 se redujo alrededor de un 3,7% según las previsiones de los analistas, pero el Ejecutivo confía que el paquete fiscal será la receta para salir de la crisis en la que se encuentra inmerso el país.

Brasil enfrenta una inflación superior al 10%, el mayor nivel en los últimos 13 años, un aumento de las tasas de desempleo y una fuerte depreciación de su moneda frente al dólar.