El senador Roy Barreras pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2020, donde se establecieron medidas en relación a los contratos de arrendamiento, estipulando cargas a arrendadores -en búsqueda de proteger a los arrendatarios-, sin tener en cuenta las consideraciones de cada contrato, las condiciones socioeconómicas de la población arrendadora, ni las situaciones frente a su incumplimiento que no se encuentran relacionadas con la crisis derivada por la pandemia del Covid-19.

“Aunque este decreto busca proteger a 5,6 millones de hogares que viven en arriendo, vulnera a 3,3 millones de arrendadores cuyos ingresos son percibidos de esa renta. Debemos tener en cuenta que el 60 por ciento de dichos arrendadores son de estratos 2 y 3 y estas medidas buscan aliviar a un sector de población en condición de vulnerabilidad, pero a su vez, se le trasladada esta carga económica a otro sector, casi en las mismas condiciones”, indicó Barreras. Asimismo, resaltó que “se pudieron haber tomado medidas alternativas frente al tema del arrendamiento en un trabajo articulado entre la Nación y los entes territoriales y no de forma generalizada como se hizo en este decreto”.

Barreras solicitó modulación de esta medida en el sentido de que sea el Estado el que respalde el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento, a través de la suscripción de un seguro de arrendamiento con la Compañía de Seguros Positiva.