El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, declararía contra el país en un sonado pleito que adelantan Telefónica y América Móvil, y en el que reclaman 1.200 millones de euros, reveló este viernes W Radio.

El pleito se configura mediante la figura de un arbitraje abierto ante el Ciadi, un centro de resolución de conflictos internacionales que cuenta con el aval del Banco Mundial.

También asumiría, la misma actitud, según W Radio, José Fernando Bautista, a quien Samper nombrara como ministro de comunicaciones en 1996, y quien posteriormente fue asesor de las empresas de telefonía móvil desde una asociación que las agrupaba.

Antecedentes

Recientemente, nuestro aliado El Economista había informado que Telefónica ha dado un paso adelante en su arbitraje contra Colombia.

La operadora ha formalizado su demanda en el Ciadi, lo que supone abrir la batalla con el país, al igual que ya había hecho América Móvil, propiedad del magnate mexicano, Carlos Slim. Entre ambas compañías reclaman más de 1.200 millones de euros al país.

Colombia intentó el pasado agosto torpedear la demanda de la operadora española para que no se admitiera el proceso, pero la compañía, asesorada por el despacho White & Case, ha seguido adelante y ha presentado ya los motivos detallados de su reclamación.

El anuncio de inicio del arbitraje comenzó en febrero del año pasado, tal y como adelantó en su día elEconomista, y tras la constitución del tribunal comienza ahora su tramitación, lo que supone que previsiblemente no habrá una resolución al menos hasta 2022, casi dos años después de la demanda presentada por América Móvil, que se espera que tenga las primeras comparecencias a finales de este año y que se pueda dilucidar en 2020.

Conflicto

El conflicto con ambas compañías comenzó el 27 de marzo de 2014 con una resolución para la renovación de las licencias en las bandas 850MHz/1900 MHz por un plazo de diez años adicionales.

Al amparo de dicha resolución, Colombia Telecomunicaciones (compañía participada, directa e indirectamente, en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el gobierno de Colombia) renovó su habilitación para explotar dicho espectro.

Las concesiones de 1994, renovadas en 2004, bajo las que se prestaron servicios de telefonía móvil hasta el 28 de noviembre de 2013, contenían una cláusula de reversión de los activos.

Las leyes 422 de 1998 y 1.341 de 2009 aclararon, sin embargo, que en los servicios de telecomunicaciones únicamente se revierte al Estado al finalizar la concesión del espectro radioeléctrico.

Así, de 1998 a 2013 toda la industria, incluidas las autoridades, operaron bajo ese entendimiento, indica Telefónica.

Ahora bien, en 2013, al analizar una acción de inconstitucionalidad de dichas leyes, la Corte Constitucional colombiana confirmó la constitucionalidad de las mismas, pero aclaró que no se podría interpretar que dichas leyes modificaran de forma retroactiva la cláusula de reversión de la concesión del año 1994.