Los pescadores artesanales del archipiélago de San Andrés, los más afectados por la nueva frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, dejaron de trabajar tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia por temor a un choque entre los buques de ambos países que están en las aguas en litigio.
Sólo la cooperativa Fisherman Place, que cuenta con 35 botes para pesca artesanal y está regentada por Alfonso Forbes, un sanandresano de 73 años y descendencia británica, registra grandes pérdidas desde el 19 de noviembre, cuando se conoció la salomónica sentencia de la Corte que dividió el Caribe Occidental.
Desde entonces tan solo salen a faenar siete de esos botes, “una quinta parte”, lamentó Forbes, quien expresó que “tienen una pérdida por la brisa, pero tampoco están pudiendo ir a pescar porque tienen miedo”.
Este lobo de mar, uno más de los 73.320 habitantes del archipiélago que viven de la pesca y el turismo, alertó además de que las aguas donde se realiza pesca artesanal han sido ocupadas por barcazas industriales, ya que éstas no se alejan de las costas también por temor.
Los patrones de esos buques mayores “tienen miedo porque dicen que están viendo a los guardacostas de Nicaragua y también a los de Colombia; y si hay pelea, tienen miedo”, insistió Forbes.
El área está ocupada por “piratas políticos”, agregó, en alusión a los buques de los dos países, pero también de los indios mosquitos, un grupo nativo que habita la costa caribeña de Nicaragua y que están llegando con sus lanchas para robar a los cayos sobre los que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana.
“Entre los buques nicaragüenses, la presencia de la Armada colombiana y los mosquitos no pueden salir a faenar”, remarcó Forbes.
Los indios mosquitos “van en lancha a Alburquerque (uno de los cayos bajo soberanía colombiana), se les van encima (a los pescadores), son gente que los va a robar y les dejan sin buques, sin pescado y sin chanclas”, insistió el gerente de Fisherman Place.
La Corte de La Haya ha dejado en manos de Colombia las tres islas mayores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como siete cayos, dos de los cuales, tras el fallo, se han convertido en enclaves rodeados de aguas nicaragüenses.
Las aguas que circundan esos dos cayos deshabitados, Quitasueños y Serrana, albergan un importante banco de pescado y langosta espinosa. De hecho el 70 % de ese valorado marisco que exporta Colombia sale de ese caladero, lo hasta ahora aportaba al país unos seis millones de dólares anuales.
Forbes dijo a Efe que por el momento “es imposible calcular la pérdida” de los pescadores artesanales y explicó que antes del fallo su cooperativa sacaba del mar hasta mil libras de pescados (unos 500 kilos), pero ahora hay días que ni siquiera salen a faenar.
Esta situación llevó el miércoles al presidente Juan Manuel Santos a anunciar su retirada del Pacto de Bogotá (1948), por el cual se acepta la jurisdicción de la CIJ por el descontento en el reparto del territorio marítimo.
Hoy el exprocurador general e integrante del equipo de abogados del Estado colombiano, Carlos Gustavo Arrieta, aclaró a Caracol Radio que la retirada del pacto no implica el desacato del fallo, por eso el Gobierno tomará acciones jurídicas como la presentación de una demanda de revisión o de interpretación de la sentencia.
Explicó que la interpretación, como opción más viable, consiste en solicitar a la Corte que tome en cuenta aspectos que no se plantearon durante el proceso, que comenzó en 2001 con una demanda de Nicaragua contra Colombia.
Las decisiones del tribunal de la ONU “se limitan a lo que las partes han pedido (durante el proceso), pero no estudia lo que no se ha pedido”, dijo Arrieta, al aclarar que la CIJ “se pronunció en materia limítrofe, pero no sobre derechos de los habitantes, vigilancia y seguridad y protección ambiental”.
Los derechos de los habitantes se refieren a la pesca, pero también a que los nativos raizales consideran las aguas asignadas a Nicaragua como territorio ancestral, un área de más de 70.000 kilómetros cuadrados dentro de la Reserva de la Biosfera Seaflower.
Mientras prospera la petición de la revisión de la sentencia, Colombia deberá buscar acuerdos con Nicaragua, matizó el abogado.
Unos acuerdos que serán clave para tranquilizar a los sanandresanos afectados por un fallo que creen injusto y que ha dejado al archipiélago, ubicado a 190 kilómetros de las costas de Nicaragua y a 775 de la Colombia continental, rodeado de aguas que no son suyas, ricas en pesca, especies marinas y petróleo.
