El protagonismo adquirido por las Farc en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana y la desfavorable modificación de la frontera marítima de este país con Nicaragua han puesto al presidente Juan Manuel Santos en la mira de los ciudadanos y la comunidad internacional, con un derrumbe de su popularidad.

Esta semana ha sido la más negra para Santos desde que llegó a la Presidencia en agosto de 2010, al alcanzar las cotas más bajas de popularidad, del 45 % y 51 % frente al 60 % y 62 % de septiembre, según dos sondeos de Ipsos Napoleón Franco y Datexco.

Si bien el diálogo con la guerrilla de las Farc se hizo público en agosto pasado con una gran aceptación por parte de la sociedad, pasados este tiempo e iniciadas las negociaciones en La Habana, el 64% de los colombianos parecen estar convencidos de que este nuevo intento de paz no será positivo.

La razón está en que, según el doctor en Ciencia Política por la Sorbona de París y profesor de la bogotana Universidad Javeriana Fernando Giraldo, la guerrilla ha tomado un exceso de protagonismo mediático frente a la discreción del Gobierno. Un acto de prudencia por parte de los negociadores que se ha vuelto en su contra.

Este experto dijo que «la actitud, los reclamos y las insistencias públicas por parte de la guerrilla de incluir en la negociación temas que no están en la agenda terminan siendo costosos para el presidente», pese a «la claridad del proceso».

Y en cuanto al polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que otorgó a Nicaragua buena parte de las aguas que rodean al archipiélago colombiano de San Andrés, el analista afirmó que el presidente queda con escaso «margen de maniobra» porque más del 80 % de los colombianos reclama el desacato de la sentencia.

No acatar el fallo implica, recordó Giraldo, no respetar la justicia internacional y con ello quedar sepultado bajo la mira de los demás países, especialmente los vecinos, algunos de los cuales también tienen litigios en la CIJ, como Chile y Perú.

Si a ello se suma que el mandatario anunció la retirada del Pacto de Bogotá, por el que los países firmantes reconocen la jurisdicción de la Corte de la ONU, las consecuencias son aún mayores.

«La opinión pública es proclive a que no acatemos el fallo, pero eso no es tan simple. El presidente está gestionando eso con habilidad, ha dicho que no podemos aceptarlo sin plantear un desacato, pero los colombianos quieren más claridad», dijo Giraldo.

La encrucijada en la que se encuentra el presidente, a juicio del politólogo, es que «está buscando una salida para quedar bien ante la comunidad internacional con un fuerte reclamo de la opinión pública» al interior del país.

Este viernes, en la VI Cumbre de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), los presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de Chile, Sebastián Piñera, dejaron claro que acatarán el fallo que determine la Corte de La Haya sobre su contencioso marítimo, en vísperas de abrirse la fase de alegatos finales.

«Expresamos nuestro respeto a lo que es el orden jurídico internacional, en este caso la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y acataremos, ejecutaremos, la sentencia que defina las diferencias», afirmó Humala.

A su turno, Piñera manifestó: «Chile ha sido, es y seguirá siendo un país respetuoso del derecho internacional, de la solución pacífica de la controversia, de los tratados internacionales y de los tribunales internacionales».

Las palabras de Humala y Piñera, pronunciadas en Lima en presencia de Santos, fueron interpretadas en la cumbre como una regañina al jefe del Estado colombiano.

El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, advirtió el miércoles que la retirada de Colombia del Pacto de Bogotá acarreará un daño para el sistema interamericano.

Sin embargo, la Unasur respaldó al unísono el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc, por considerar que el éxito de ese diálogo revertirá en beneficios para toda la región.

Como aseguró Giraldo, Santos afronta «dos hechos de gran trascendencia: la pérdida de territorio y el manejo del conflicto armado interno».