El mandatario aseguró que el papel de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “es complementario” y que por tal razón, actuó de conformidad con la Constitución para confirmar la destitución del alcalde Gustavo Petro.

El presidente Juan Manuel Santos considera que en función de derecho, el sistema de la CIDH no es de carácter obligatorio y que este hace efecto sólo cuando la jurisdicción interna no funciona. En este orden de ideas, el mandatario procedió a aplicar la sentencia instada por la Procuraduría y destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. Debo proceder de conformidad con la constitución y las leyes”, dijo el jefe de Estado. Así las cosas, Santos anunció a Rafael Pardo, actual ministro de Transporte, como alcalde encargado de la capital.

A su turno, la canciller María Ángela Holguín aclaró que las medidas cautelares otorgadas a Petro “no son obligatorias. La comisión solicita, no obliga al país a aplicar dichas medidas”. El Ministerio de Relaciones Exteriores hará las notificaciones oficiales del caso.