Hay 250 denuncias por trashumancia arrumadas en el Consejo Nacional Electoral y ninguna se ha podido adelantar por falta de personal y de recursos. Gobierno asegura mayor vigilancia pero no hay plata a la vista.

Reza la Registraduría Nacional que la trashumancia electoral “es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas”.

El alto riesgo electoral que se origina de este fenómeno –registrado en las últimas jornadas electorales del país- convocó al Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral a trabajar en un plan de choque.

Hace un par de semanas se efectuó un encuentro entre las autoridades competentes y desde entonces quedó determinado, mediante un decreto, que se aumentarán las sanciones y la vigilancia a aquellos que incurran en el denominado “trasteo electoral”.

A pesar de que el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, aseguró que junto al CNE están preparando un informe que permitirá advertir a los candidatos de grupos significativos de ciudadanos que no están cumpliendo con las normas, no hay plata ni gente para aterrizar dicho propósito.

En efecto, el lío viene desde el Gobierno Nacional y la Registraduría. Por un lado, la actual administración tendría que dar los fondos y el ente registrador el personal, pues el Consejo Nacional Electoral no cuenta con planta para esos efectos.

Una fuente del CNE cercana a este medio asegura que a pesar de que ya está la normativa, no han podido hacer ni una sola investigación y ya hay 250 arrumadas en el edificio.

De hecho, cuenta que tampoco se han podido repartir los casos entre los magistrados ya que la Registraduría aún no ha mandado a nadie a investigar. Es decir que hasta el momento no se habría hecho nada.

En todo caso, Cristo denota compromiso para solucionar el problema aunque Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, no ha informado si financiará la iniciativa.

Las zonas con mayor riesgo son los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria y Puerto Colombia (Atlántico); Clemencia (Bolívar); Panqueba (Boyacá); Pore (Casanare); La Jagua de Ibirico (Cesar); Rangonvalia (Norte de Santander); Jagua del Pilar y El Molino (Guajira); La Llanada (Nariño); Almaguer y Piamonte (Cauca); Contratación (Santander); Alcalá (Valle); Acacias, Castilla la Nueva y El Dorado (Meta).