El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló hoy que los tres soldados bolivianos detenidos en Chile cuando «combatían el contrabando» el pasado 25 de enero son «rehenes políticos».

«Al gobierno de Chile le molestó la reivindicación por la situación del mar y tuvo una actitud vengativa con los tres soldados», afirmó Morales en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas con motivo del lanzamiento hoy del Año Internacional de la Quinua.

El presidente boliviano se pronunció así sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de enero, cuando los tres soldados ingresaron inadvertidamente en territorio chileno durante una operación contra el contrabando.

Morales consideró que estos hechos ocurrieron por la demanda marítima de Bolivia al Gobierno chileno para recuperar el litoral perdido en la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX.

«Estoy convencido que los tres soldados son rehenes políticos», añadió.

En palabras de Morales, «hay mucha soberbia, no del pueblo chileno sino especialmente del presidente y su cúpula».

En este sentido, reconoció la existencia de «tensión de carácter diplomática entre presidentes y gobiernos», aunque remarcó que «hay pueblos de Chile que apoyan la reivindicación boliviana de retorno al mar con soberanía».

El pasado lunes, Bolivia denunció ante la ONU la detención de estos tres soldados y acusó a Chile de violar el derecho internacional con este «gesto inamistoso» y «desproporcionado».

Ante esta denuncia el gobierno chileno anunció hoy que responderá a Bolivia oficialmente ante la ONU y señaló que actuará «con la mayor prontitud posible, pero entregando con el mayor detalle todos los antecedentes».

El portavoz del Ejecutivo chileno en funciones, Mauricio Lob, afirmó que los hechos indican que «hay tres personas que cruzaron ilegalmente la frontera portando armamento de guerra y que Carabineros los detuvo y los puso a disposición del Ministerio Público».

Por su parte, Bolivia defendió que los soldados ingresaron involuntariamente en territorio chileno durante una operación contra el contrabando de vehículos en una zona en la que, dicen, la frontera no está señalizada.

Lob también remarcó que este caso está en manos de la Justicia y no del Gobierno, aunque dijo que el Ejecutivo espera que los soldados colaboren con los tribunales.