El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, reveló este miércoles 21 de agosto el resultado de un estudio para erradicar el endémico mal del trasteo de votos, que de no tomarse las medidas necesarias, volverá a ser protagonista en las elecciones regionales de octubre próximo.

De acuerdo con el Procurador, en 262 municipios del país hay alto riesgo de trashumancia electoral, nombre técnico con el que se le conoce a esta vieja práctica utilizada en vísperas de elecciones regionales, cuando los clanes políticos movilizan una gran cantidad de población de un punto a otro, para que voten en determinados lugares, beneficiando así a los intereses de ciertos candidatos.

Identificamos 262 municipios en alto riesgo de presentar trasteo de votos. Tenemos la lupa puesta especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Los mercaderes de cédulas no se van a salir con la suya en las próximas elecciones. pic.twitter.com/5ke36fxwpU

— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) August 21, 2019

El jefe del Ministerio Público señaló que solo en 15 municipios se encontraron 105 mil cédulas inscritas en lo que correspondería a trasteo de votos, y de esa cifra 16.714 se encontrarían en Barranquilla; 12.606, en Soledad, Atlántico; 10.912, en Soacha, Cundinamarca; 9.306, en Cúcuta, y 7.519, en Floridablanca, Santander.

Por departamentos, señaló que los que registran un mayor número de municipios en riesgo son Boyacá, con 56; Cundinamarca, con 40; Antioquia, con 35; Santander, con 21, y Norte de Santander, con 13.

Para el Procurador de los 32 departamentos del país, 27 presentan un alto riesgo de trashumancia electoral.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estas conductas ilegales porque, “si hay alguien que no es sólo la víctima, sino que lo convierten en el protagonista de este delito los mercaderes de votos en Colombia, es el ciudadano, y por eso los invito a acercarse a las procuradurías, la Fiscalía, las personerías y denunciar a esos mercaderes de votos”.

Asimismo, Carrillo reveló que este estudio será socializado con las diferentes autoridades para que tomen cartas en la materia, y evitar así que las elecciones para elegir mandatarios regionales en octubre se vean perneadas por la trashumancia electoral.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público reiteró que está dispuesto a demostrar “que los delitos electorales, que se crearon en 2017, no pueden ser letra muerta, sino que la Procuraduría, conjuntamente con la Fiscalía General estará atenta a que se den las investigaciones y las sanciones a los delincuentes electorales”.

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