La Fiscalía, las Farc, la Defensoría del Pueblo, Humberto de la Calle, congresistas y las redes vieron con malos ojos lo escrito por la representante a la Cámara del Centro Democrático. A pesar de que hay voces que la respaldan, sus trinos abren nuevamente el debate de si se debe controlar y vigilar lo que se publique en las redes sociales.

María Fernanda Cabal habla directo y sin tapujos. Su forma de expresarse le ha causado garroteras con varias figuras de la opinión pública y la cólera de las redes sociales. Episodios como “a Benedetti le importan un bledo los homosexuales” o el infierno y el difunto Gabriel García Márquez han sido objeto de serias polémicas, sin embargo, lo que dijo respecto a las víctimas en medio del proceso de paz llegó hasta oídos en La Habana, provocando malestar.

En efecto, cuando las víctimas llegaron a Cuba, la representante escribió en su cuenta de Twitter: «esta víctima saluda a las Farc muy contenta… ¿síndrome de Estocolmo?». Y anotó en una foto: «¿Esa que saluda con una gran sonrisa a las Farc es representante de las víctimas?». Ella se refiere a Ángela María Giraldo, hermana del asesinado diputado de Valle del Cauca, Francisco Giraldo y representante de las víctimas del fatídico incidente de secuestro y asesinato de 11 diputados en el mismo departamento.

El trino de Cabal desató una oleada de críticas y un juicio mediático de tal magnitud que tuvo contestación de varios frentes. En primer lugar, la Fiscalía ordenó investigar a la congresista pues habría incurrido en los delitos de injuria, calumnia, actos de discriminación y hostigamiento agravado. Esto gracias a una denuncia que Giraldo puso ante el ente investigador.

Momentos después Iván Márquez, vocero de las Farc en La Habana, expresó en medios nacionales que “no es justo que los odios y los sentimientos guerreristas, que aún perviven en Colombia impulsados por sectores minoritarios, sigan tratando de sabotear este esfuerzo”.

Al respecto hubo pronunciamientos de Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en la mesa de negociaciones. Este solicitó no “politizar, ni estigmatizar, ni dividir a las víctimas. La delegación nos exigió llevar a buen término estas conversaciones y poner en marcha gestos de paz”. Añadió que “no puede suceder que la presencia de una persona que ha sufrido la violación de sus derechos sea nuevamente victimizada, sólo por venir a La Habana a contar su tragedia. No podemos perpetuar el odio. Justicia sí, no venganza”.

Aunque aún continúa el escándalo también hay registro de voces de respaldo e incluso se creó la etiqueta #YoApoyoaCabal. Por ejemplo, el senador Álvaro Uribe Vélez cuestionó en su perfil de Twitter que Cabal “es acusada de delincuente por ser crítica pero Antonio Caballero iguala a Timochenko con Fernando Londoño, cuya vida pone en riesgo”. Además, el exvicepresidente y fiel vasallo del uribismo Francisco ‘Pacho’ Santos, crítico por el mismo medio la decisión tomada por la Fiscalía de compulsar las copias del caso para que la Corte Suprema de Justicia le haga seguimiento. “Fiscalía con su decisión manda una señal al uribismo: cuidado con opinar, para ustedes hay delito de opinión. Fiscalía y justicia política”, publicó.

El tuit de Santos da en un punto clave y es si las redes sociales –concebidas bajo el ánimo de la libertad de expresión y el libre flujo de información- deben ser reguladas con el fin de evitar la vulneración de los derechos de los cibernautas, denominados comúnmente como los derechos digitales. Este debate tiene precedentes, no obstante suelen primar derechos constitucionales como el de la libre expresión.

“Si judicializara a todos los que injurian y mienten en las redes yo habría tenido que apresar a 500 agresores. Jamás he procedido contra ninguno”, dijo Roy Barreras, del Partido de la U, en referencia a lo ocurrido con Cabal, a quien calificó como “una bruja insensible con las víctimas pero defiendo la libertad de expresión de las brujas”.

A raíz de lo sucedido con la representante uribista la Defensoría del Pueblo propuso fijar límites al uso de las redes sociales para garantizar los derechos de personas con especial protección como Ángela María Giraldo.

Según Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, no se puede confundir el derecho a la opinión con afirmaciones que expongan a ciudadanos como las víctimas del conflicto. Es por esto que plantea la regulación de lo que se diga en las redes sólo para este tipo de casos. Otálora solicitará al Alto Tribunal un pronunciamiento que determine parámetros de distinción entre el derecho a opinar y las afirmaciones que exponen a otros ciudadanos.

Por su parte, Cabal ha sido enfática en defender su derecho a opinar y cuestionó la apaleada mediática que ha recibido. De hecho, dijo en Blu Radio que lo que se ha hecho con su trino es un “show innecesario” y alertó su preocupación de que en Colombia exista el delito de opinión.