El presidente Juan Manuel Santos pidió que organizaciones indígenas y campesinas, gremios del agro, empresarios, congresistas, miembros del Gobierno y expertos en desarrollo rural comiencen a partir del 12 de septiembre a ejecutar políticas agrarias que puedan darle un cambio a la situación del campo.

Ya son diecisiete días de paro agrario y durante este lapso de tiempo el Gobierno y los represtantes de los campesinos han tenido la oportunidad de llegar a un pacto para detener esta situación en el país.

Los primeros pasos para dar inicio al pacto son poner en marcha la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, que propuso crear un esquema de toda la legislación sobre el uso de la tierra, crear incentivos para mejorar el empleo del suelo, establecer claridades en el acceso a la propiedad, atender la pobreza en el campo, ejecutar infraestructura productiva y tratar conflictos entre agro y minería.

Aunque este primer paso quedó frenado por las demoras en las consultas previas con las comunidades, se espera que se pueda establecer.

Hacer efectivo el documento Conpes que se ha venido construyendo por el Consejo Nacional de Política Económica y Social para el desarrollo de la Altillanura.

También revisar las iniciativas para lograr construir políticas más claras sobre el empleo de terrenos baldíos, debido a esto ya se alista un proyecto de ley para clarificar la situación legal de 622.000 terrenos baldíos y para dar seguridad jurídica a los inversionistas en el campo.

A pesar de que en los últimos días del paro que se han llevado a cabo varias comisiones entre los líderes campesinos y el Gobierno, los disturbios y bloqueos siguen en varias ciudades del país.