Uno de los elementos más controversiales de esta propuesta de plan de ordenamiento territorial ha sido la ubicación de usos del suelo de alto impacto en barrios de origen residencial. Las y los habitantes de estos barrios denuncian que este POT cambiará la vocación de sus barrios y los obligará a desplazarse a otras zonas de la ciudad, mientras que los empresarios de bares y discotecas reclaman un espacio en la ciudad.

El plan define estas zonas como Áreas de Actividad Estructurante (mapa CU 5.2), que según el artículo 240 son aquellas que:

Área de Actividad Estructurante. Corresponde a las zonas interconectadas a través de corredores de alta y media capacidad con el resto de la ciudad, y en las cuales se permite mayor

intensidad en la mezcla de sus usos.

Se compone de dos zonas:

1. Zona receptora de vivienda de interés social. Corresponde a las áreas que por sus condiciones de soportes urbanos buscan la mezcla social del hábitat, incentivando la producción de vivienda de interés social.
2. Zona receptora de actividades económicas. Comprende a las áreas donde se busca incentivar la localización de actividades económicas y nuevos empleos.

Esto en contraposición a las Áreas de Actividad de Proximidad que corresponden a las zonas cuyo uso principal es el residencial.

Este cambio permite que sea posible que se desarrollen otras actividades entre las cuales se encuentran los servicios especiales definidos por este POT en el artículo 234 que corresponde a los establecimientos cuya actividad principal está destinada a público adulto, entre las cuales se encuentran el expendio de bebidas embriagantes para el consumo dentro de establecimiento y la prestación de servicios donde se ejecuten música o ruidos que puedan afectar la tranquilidad.

Este conflicto entre los usos residenciales y de alto impacto lleva desarrollándose por años, sin que haya habido un diálogo entre los diferentes actores, lo cual ha implicado un desplazamiento de la vocación residencial de los barrios. Sin acuerdos entre las partes esta habilitación ha obligado a la población a abandonar sus barrios, vaciando de residentes estas zonas pues se vuelve imposible vivir, sobre todo si no hay un control sobre las actividades que allí se desarrollan.

Ejemplos de esto hay muchos como lo que han denunciado los ciudadanos del barrio Modelia, o lo que sucedió en la zona de la 84 con 14 que en los 90s era completamente residencial y a través de la colonización de bares y discotecas que fueron llegando de a poco, los residentes se vieron obligados a abandonar sus casas y dar paso a este tipo de usos.

Sin embargo, en la ciudad debe haber espacio para todas las actividades, incluso aquellas de alto impacto que son permitidas por la ley, lo difícil de esto es que no se han escuchado a los residentes de estos barrios que vehementemente se han pronunciado contra estos usos y que quieren seguir viviendo en lugares predominantemente residenciales, ni a los empresarios de bares y discotecas, dos grupos de ciudadanos que presentaron sus preocupaciones y propuestas en la jornada del Cabildo Abierto del Concejo de Bogotá el pasado 12 de octubre.

Es imperativo que las determinantes normativas de este POT salgan de los acuerdos entre vecinos y diferentes actores. La mezcla de usos no puede hacerse en detrimento de la calidad de vida de la gente, pero en la ciudad debe haber espacio para todas las actividades, incluida la diversión para adultos. Este plan debe ser construido desde acuerdos y deliberación de intereses.