La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Presidencia de la República, tras conocer la solicitud del primer mandatario para que se estudie la posibilidad de hacer modificaciones al contrato firmado para la construcción de la primera línea del metro.

Al respecto, el Ministerio Público considera que “los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al  principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público”.

El organismo de control advirtió que estará observando lo que ocurra en este proceso de revisión y análisis de los riesgos que se podrían presentar si se ejecuta algún cambio al contrato firmado.