El concejal de Bogotá Diego Cancino solicitó el concurso de entes de control (Procuraduría y Personería de Bogotá), en caso de niña que habría sido víctima de violencia sexual al parecer por parte de un patrullero de la policía en el barrio Juan Rey de la localidad de San Cristóbal al sur de la capital.

De acuerdo con Cancino, aunque el caso ocurrido en mayo pasado ya se encuentra en proceso de investigación y judicialización por parte de la Fiscalía 367 seccional de delitos sexuales, “es urgente que se proceda de manera efectiva, pronta y diligente no sólo a administrar justicia, sino a atender y reparar a la víctima que en este caso es una menor de edad con derechos prevalentes que implican priorizar su seguridad, privacidad y bienestar”.

La solicitud de concejal Cancino está dirigida a que se designe una vigilancia de carácter penal frente a este caso a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y restablecer y reparar los derechos de la menor víctima y que así mismo se establezcan medidas provisionales de protección para la menor víctima y su núcleo familiar que la apoya, entre ellas, la suspensión del patrullero para evitar la re victimización, y se ejerza vigilancia especial administrativa en la Estación de Policía de San Cristóbal y la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de determinar las condiciones institucionales que permitieron la ocurrencia de este crimen.

Según el concejal Cancino, “es absolutamente preocupante que, a pesar de lo avanzado del proceso, el patrullero siga vinculado a sus funciones en el CAI de Juan Rey, lo que podría resultar en un caso de re victimización de la menor de edad, contrario a sus derechos humanos y a su dignidad personal, con el agravante de que al parecer -según el abogado del caso- la madre de la joven estaría implicada”.

La comunicación del concejal Diego Cancino anota que: “(…) la presencia del patrullero señalado de cometer dicha violación de derechos humanos en la zona, expone a la víctima a una situación en la que puede sentir la presencia cercana de su agresor, máxime cuando se ha informado que el presunto agresor habría amenazado a la menor de edad.