La Cancillería ha rechazado este viernes «categóricamente» la afirmación del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzosa sobre la supuesta existencia de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de Bogotá.

«La Cancillería ha elevado una nota verbal de protesta al Comité, exigiendo explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, que no solo carece de respaldo, sino que también compromete la rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas», ha expresado la citada cartera en un comunicado.

El Ejecutivo ha calificado la declaración de la ONU como «carente de sustento», además de generar «confusión y controversia en el país».

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«El Gobierno colombiano reitera su reconocimiento a la gravedad de la desaparición forzada en el país y su compromiso inquebrantable de erradicar este delito», han insistido, al añadir que el Gobierno «continuará promoviendo una política de Derechos Humanos basada en la transparencia y el escrutinio internacional».

Declaración de la ONU

El pasado jueves, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, tras una visita al país, resaltó «serias deficiencias sistémicas» en el manejo del problema de las desapariciones forzadas en el país.

«Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son sólo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias», declaró la delegación en un comunicado.

De esta forma, destacaron que «miles de cadáveres sin identificar yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar».

El Comité destacó la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas.

En su declaración, subrayó que las desapariciones forzadas no son un crimen del pasado, sino que siguen ocurriendo a diario en Colombia, afectando a diversos grupos, incluidos niños, líderes sociales, migrantes, periodistas y combatientes desmovilizados.

La delegación, que se reunió con más de 80 autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en varias ciudades del país, también subrayó la necesidad de contar con suficiente financiación y personal especializado y hacer frente a la impunidad.

«Las familias de los desaparecidos merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que se enfrenta a un dolor sin resolver», señalaron.

Está previsto que el Comité publique un informe completo en abril de 2025 con sus hallazgos y recomendaciones.