Transcurrido más de un mes de las manifestaciones nacionales en torno al Paro Nacional, hay muchos mensajes que se han hecho palpables en el escenario público y en el debate político, por un lado los jóvenes exigen programas y acciones de los gobiernos a nivel nacional y regional que solventen la difícil situación por la que atraviesan; por otro, para muchos jóvenes el NO FUTURO se hace real, en medio de las complicadas cifras económicas y sociales que nos dan cuenta de que la sociedad colombiana está atravesando por una de las peores coyunturas de su historia. De tal forma, que se requieren acciones inmediatas y a mediano plazo de parte de los gobernantes para superar esta crisis, pero además hacer partícipes a los y las jóvenes, a las organizaciones sociales y a las comunidades en la toma de decisiones y en la planeación de la política pública.

En Bogotá la situación social es dramática: En la ciudad en 2020, 3.357.585 de personas vivían en la pobreza, mientras que en 2019 eran 2.246.851, 1.110.734 de personas pasaron a ser pobres. Y 1.108.836 viven en la pobreza extrema. Hay un punto aquí que debe ser tenido en cuenta por todos los gobernantes, el principal hecho vinculado a ese aumento de la pobreza es el desempleo, así lo revela la información del DANE, la condición que más incide en que un hogar sea o no pobre, actualmente, es el no contar con empleo.

Adicionalmente hay un hecho que nadie puede negar, la crisis no ha golpeado de la misma forma a toda la población, de ahí que la desigualdad haya aumentado vertiginosamente, siendo Bogotá una de las ciudades con peores resultados en este aspecto, el coeficiente de GINI que mide la concentración de los ingresos, donde cero es la distribución perfectamente equitativa, y uno la concentración total pasó de 0,513 en 2019 a 0.559 en 2020.

El pasado viernes 11 de junio la Alcaldía radicó el proyecto de acuerdo 265 del 2021 que pretende reasignar 1,8 billones del presupuesto distrital, como respuesta a la difícil crisis de la ciudad, sin embargo, lo que encontramos es que más que reactivación social lo que allí se busca es la autorización para asignar cerca de 1,1 billones de pesos en beneficio de Transmilenio, es decir el 61% del total del proyecto, y el restante para un conjunto de programas que podrían ser mucho más radicales.

Estamos en una democracia deliberativa, por medio de argumentos podemos cambiar de posiciones, así que creo que nosotros debemos apostarle a que esos 1,8 billones sean todos dirigidos a la reactivación económica y social, no quiere decir que dejemos quebrar a Transmilenio, sino que es otra discusión. Los y las jóvenes, y las mujeres en general han sido los más afectadas durante la pandemia, necesitamos escuchar sus voces, y garantizar que esos recursos se destinen prioritariamente a crear oportunidades para esta población, acceso a la educación superior y empleo.

Es entendible la necesidad de solventar problemas financieros de Transmilenio, en particular, lo relacionado con el Fondo de Estabilización Tarifaria, pero es una discusión que debe darse en otro momento. Aprovechemos esta discusión para revisar de manera tranquila, pero con contundencia los términos de esos contratos. La cotidianidad ha cambiado, la demanda por transportarse no es la misma, la situación de los lugares de trabajo se ha modificado, debemos repensarnos la movilidad, y los operadores deben entenderlo, la prioridad es salir de está crisis social y económica.

Apostémosle a la versión original del rescate social que nos presentó la administración en el la biblioteca el Tintal, donde lo único a lo que se destinarían recursos era el paquete de reactivación económica y social.

Esos 1,1 billones que en el proyecto de acuerdo aparecen destinados a resolver problemas asociados a Transmilenio deberían garantizar 170 mil cupos adicionales para educación superior, dirigidos a jóvenes que no estudian ni tienen trabajo, esto nos permitiría beneficiar al 28% de los 600 mil jóvenes que se encuentran en esta condición; y un programa de empleo garantizado(empleo público) para generar 250 mil puestos de trabajo para mujeres y jóvenes, lo que beneficiaría al 30% del total de personas que se encuentran desempleadas en la ciudad.