La bancada del Partido Liberal en el Concejo de Bogotá hizo un fuerte llamado a la Alcaldía de Bogotá para que se generen públicas que protejan a las personas que ejercen actividades sexuales pagadas de temas como las mafias y el crimen organizado que se mueve alrededor de este oficio.
“Esta es una actividad económica lícita, por lo cual las personas que la ejercen deben contar con todas las garantías laborales, económicas, territoriales, de seguridad y salubridad sin ningún tipo de discriminación ni vulneración de sus derechos”, manifestó Gutiérrez González, para quien las problemáticas de violencia sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes deben ser una prioridad para la Administración Distrital: “Invito a todas las entidades a realizar un trabajo transversal e interdisciplinario para generar estrategias, soluciones y acciones efectivas en torno a esta situación”, dijo el concejal Armando Gutiérrez.
Por su parte la concejal María Victoria Vargas, instó a la actualización de esa Política Pública con la reglamentación de las modelos webcam y la regulación de los estudios webcam ubicados en zonas residenciales: “Aquí también hay que hacer un llamado de atención a la explotación laboral y las condiciones precarias en los estudios webcam, así como los problemas de salud mental de las trabajadores, quienes reiteradamente han manifestado que esta actividad es agotadora física y emocionalmente”.
La concejala Clara Lucía Sandoval, entre tanto, hizo un fuerte llamado en torno a la correlación que existe entre la explotación sexual comercial y el crimen organizado: “Necesitamos el acompañamiento y fortalecimiento del componente de seguridad para combatir con las organizaciones criminales y las mafias de explotación sexual que existen en Bogotá. Por ello le pregunto a la Administración ¿cuál es el plan para la prevención y el desmantelamiento de redes de delito de explotación sexual y comercial de menores de edad?”.
La intervención de la bancada del Partido Liberal terminó con el concejal Samir Abisambra, quien, dentro de sus conclusiones, recalcó la importancia de identificar y caracterizar “a las personas que realizan estas actividades sexuales pagadas para que el Distrito pueda brindar una oferta institucional basada en los derechos y la plena garantía de los derechos en el desarrollo de la labor”.
Por último, el concejal, Juan Daniel Oviedo, pidió una caracterización de esta población para así saber hacia donde apuntar a través de las políticas públicas.