Diego Cancino
La pandemia del covid-19 y las medidas de aislamiento que fueron necesarias para proteger la vida y la crisis económica que le siguió, intensificaron las diversas desigualdades sociales ya existentes en Bogotá, afectando de manera diferenciada a las mujeres. Según el sondeo de economía del cuidado que realizamos entre el 7 y el 10 de abril del 2020, el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado aumentó para el 50% de las mujeres que contestaron la encuesta en 3 horas diarias, una cifra alarmante.
Además de esto, la afectación del trabajo remunerado de las mujeres es también preocupante. Según cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer, la tasa de desempleo de las mujeres pasó de 11,8% en el segundo trimestre de 2019 a 26,3% en el segundo trimestre de 2020: se duplicó. Así mismo, aumentó la tasa de informalidad pasando de 43% en los dos primeros trimestres de 2019 a 55% en el mismo periodo en 2020. Es evidente que la pandemia ha acentuado las brechas de género en el campo laboral, la tasa de desempleo de las mujeres en julio del 2020 fue de 28,7%, mientras que la de los hombres es del 22%, existe una brecha del 6,7%, que en enero era de 3,5%.
Debemos asumir un enfoque de género y de cuidado en la reactivación económica. Las mujeres que son las más afectadas por el desempleo y la pobreza deben ser el pivote y el centro de toda política pública que busque reactivar nuestra ciudad. Es por esto que, proponemos una iniciativa pionera, que ha funcionado en otros países y que apunta a la Bogotá Cuidadora: la provisión de empleo público.
Bogotá puede generar empleos para las personas que han generado redes comunitarias y voluntarias de cuidado en los diferentes barrios de la ciudad. Esta propuesta se podría avanzar mediante la figura de empleador de última instancia. En ese sentido radicamos una proposición en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá autorizando a la Administración Distrital para fungir como empleador de última instancia para la provisión de empleos en la economía del cuidado de la ciudad.
Un empleador de última instancia es asumir que el Estado define el gasto público en función de la creación de empleo. El Estado asume la creación de empleos, pero bajo una dinámica de participación activa de las comunidades, es decir no solo se crean trabajos, sino se crean trabajos que la comunidad identifica como necesarios y, de esa manera, se construye confianza entre las personas y hacia las instituciones. Un programa de empleo no solo asegura ingresos para las familias, sino que permite la generación de bienes y servicios públicos.
Así mismo, implementar el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la provisión de empleo les permitirá una mayor autonomía social y económica, que dará paso a que las familias que dependen de estas jefas de hogar tengan más posibilidades de salir de las condiciones de vulnerabilidad que se han exacerbado con la crisis de la Covid-19. En este sentido, el enfoque de género en la reactivación económica va de la mano con uno de los objetivos más importantes de esta administración que es la disminución de la feminización de la pobreza y el cierre de brechas entre hombres y mujeres.
Uno de los casos más emblemáticos de la aplicación de esta medida en la región es el de Argentina donde se implementó el programa de empleador de última instancia para las jefas y jefes de hogar que quedaron desempleadas durante la crisis del 2001. La experiencia argentina que se diseñó bajo la asesoría de la OIT y diversos teóricos en uno de los momentos más difíciles de la historia de ese país es emblemática. En 4 años se crearon 2 millones de empleos, el costo del programa apenas alcanzó 1,1% PIB, y dado el efecto multiplicador del gasto público se crearon ingresos por el orden del 1,8% de crecimiento del PIB, lo que a su vez implicó un aumento del recaudo tributario del orden del 0,35% del PIB, de forma tal que el valor neto de dicha experiencia fue de 0,75% del PIB. De otro lado se logró que entre el 60 y 80% de los hogares que se encontraban por debajo de la línea de pobreza superarán esta condición.
A partir de esta y otras experiencias, podemos ver que la implementación de esta medida trae grandes beneficios para la economía de la ciudad y a su vez mejora las condiciones de las personas más afectadas por la crisis que en su mayoría son mujeres. La provisión de empleo en la economía del cuidado además de proporcionar empleos, permitirá que las mujeres, para quienes ha aumentado considerablemente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares, puedan liberar tiempo para acceder a trabajos en otros sectores de la economía y contribuirá al reconocimiento de la economía del cuidado como el trabajo que sostiene la vida y sin el cual es inviable la existencia.
