Esta semana se desmontó el controversial proyecto de Transmilenio sobre la carrera séptima que iba a proveer una solución de movilidad para las personas en el borde nororiental de Bogotá. La negociación, a cargo del IDU, logró que los proponentes se retiraran voluntariamente y sin demandar al distrito, lo cual quiere decir que se evitan las indemnizaciones y los procesos judiciales para obtenerlas.

Mucho del fracaso de esta iniciativa se debió a la falta de comunicación y socialización del proyecto por parte de la administración anterior, la gente tenía más dudas que certezas y lo único en lo que pensaban era en que la séptima iba a convertirse en una segunda avenida Caracas. Aún hay especialistas en temas de transporte que dicen que desde el punto de vista de ingeniería, ese corredor presenta problemas que no fueron resueltos en los diseños presentados por el IDU por la administración anterior.

Hay varios puntos que el exalcalde Enrique Peñaloza utiliza para justificar la necesidad del proyecto, uno es la tasa de crecimiento que tendrá el corredor norte de la ciudad en los próximos 20 años, otro es la capacidad del sistema que sería superior a cualquier otro modo escogido y la tercera es que Transmilenio sería el modo más costo eficiente entre las alternativas. Las últimas dos parecen ser ciertas según los datos.

Sin embrago, la apuesta del exalcalde en cuanto al crecimiento de la ciudad no parece reflejar las realidades demográficas. Entre 2005 y 2018 las localidades que mas crecieron en población en Bogotá fueron Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, todas en el borde occidental de la ciudad, no en el norte y en donde no hay soluciones de transporte de corto plazo, pues la trocal de Transmilenio de la Boyacá que beneficiaría a más de 3,2 millones de personas y donde si hay espacio para construir, no se aprobó, por su alto costo.

Ahora con el Regiotram de occidente, aprobado recientemente, los municipios de Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá, van a continuar recibiendo personas de Bogotá a una mayor tasa, es decir que se acentuaría el crecimiento hacia el occidente. Esto se explica porque las personas pueden conseguir predios o construcciones más grandes para establecerse, por un menor precio que en Bogotá y tardarían lo mismo en llegar a sus trabajos que por lo general están ubicados en el borde oriental de la ciudad. Una persona tardaría 45 minutos en llegar desde Facatativá hasta el centro de Bogotá y eso es menos de lo que toma el viaje promedio en la ciudad según la encuesta de movilidad de 2019.

Beneficiar a la séptima con un sistema de transporte masivo para solucionar el problema de las personas que viven en las localidades de Usaquén, Santafé, Candelaria y Chapinero, que son de baja densidad y de baja población con respecto al eje occidental, implicaría un beneficio bajo para la ciudad.

Sin embargo, los recursos de este corredor hacen parte de las contrapartidas que el distrito comprometió para que la nación aprobara los recursos para el metro, por lo que la administración de Claudia López debe proponer una alternativa en el corto plazo. La idea del corredor verde y sin buses suena atractiva, pero poco se conoce de los planes específicos sobre el medio de transporte masivo que se va a utilizar, o sobre el corredor en general. Solo se enfatiza que va a promover las vías peatonales y el uso de la bicicleta y que la tecnología utilizada será amigable con el medio ambiente (lo cual ya hacen los buses eléctricos). El costo de un modo férreo es mas del doble del que tendría Transmilenio y sería contraproducente asignar aún más recursos a un corredor que ya tenía una solución flexible estructurada con buses eléctricos, que no tienen emisiones y completamente financiada.

El fracaso de este proyecto se dio por la molestia de la ciudadanía que fue generada por la falta de empatía e incapacidad de concertación de la administración anterior. Prueba de ello es que el exsecretario de movilidad Juan Bocarejo, escribió hace poco una columna donde llama a las acciones populares y a las demandas “la práctica política de moda”[1], desconociendo que se trata del derecho de la ciudadanía a defenderse ante propuestas arbitrarias y no concertadas acogiéndose a las opciones que le dan las leyes colombianas. Otros ejemplos de la falta de concertación fueron las tabletas que se le querían imponer a los taxis, que constituyeron un fracaso rotundo y la adjudicación de la semaforización que terminó generando su salida del cargo en 2019.

Claudia López tiene la obligación de proveer una solución, este año, para el corredor de la carrera séptima, mal haría en borrar todo lo que se ha hecho y arrancar de cero con alternativas mas costosas. Al parecer la actual administración no sabe qué va a hacer y se le acaba el tiempo.

@memosinist

[1] https://www.eltiempo.com/bogota/juan-pablo-bocarejo-opina-sobre-revocatoria-de-transmilenio-por-la-septima-522874