La propuesta que lidera el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el Congreso de la República para que se modifique las normas bajo las cuales se debe firmar una contratación para ejecución de obras exigir más requisitos de experiencia y capacidad a los establecidos en los pliegos tipo.

Lo anterior según el IDU, se hace con el propósito de contar con contratistas que garanticen el real y efectivo cumplimiento de los objetos contractuales.

En una segunda propuesta, se pretende que aquellos contratistas incumplidos o sancionados no continúen ejerciendo malas prácticas en la contratación pública, por lo que se efectúan ajustes a las inhabilidades generadas en el incumplimiento contractual.

Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: haber sido objeto de dos declaratorias de incumplimiento; haber sido objeto de imposición de dos multas o haber sido objeto de una declaratoria de incumplimiento e imposición de una multa durante los últimos 2 semestres, con una o varias entidades estatales.

Por último, se propone que, en los casos en que un contratista sea inhabilitado como consecuencia de actos de corrupción, se dé vía libre a la entidad contratante para que de manera unilateral ceda el contrato y se descarte la posibilidad que recaiga en el mismo contratista sancionado.