El informe de la CIDH, citando las cifras de la Campaña Defender la Libertad y de Temblores ONG, muestra un panorama de masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional en medio de las protestas que se dan por estos días en el país. Durante el Paro Nacional de este año se han presentado 84 casos de homicidios en el marco de las protestas y en 28 de éstos, la Policía sería el victimario. De igual forma, 84 personas han sido víctimas de lesiones oculares y 25 fueron víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la violencia policial no es exclusiva a los escenarios de protesta. Los casos de San Mateo- Soacha y el de la niña violada por un policía del CAI de Juan Rey en Usme son algunos ejemplos lamentables.

Ante este panorama es clara la necesidad de reformar la Policía y la gestión de la seguridad ciudadana. La magnitud de la situación obliga a que dicha reforma sea esencialmente popular, es decir que sea producto de la participación más amplia posible de toda la sociedad.

Es necesario transformar a la Policía de manera que se cimente en la confianza con los y las ciudadanas, especialmente de los grupos poblacionales más vulnerables a la criminalidad y a la violencia policial. La Policía Nacional es una institución con más de 136 mil miembros uniformados y es de las pocas instituciones que hace presencia en todo el territorio nacional. A la Policía se le ha encargado la persecución y prevención del crimen, así como la gestión de la convivencia y colabora con la administración de justicia con funciones de policía judicial. Por estas dos razones, muchas veces la Policía es la primera autoridad que atiende las necesidades de las comunidades.

El servicio policial no se presta de la misma manera en todo el país y la gestión de la seguridad no tiene los mismos mecanismos y efectos para toda la ciudadanía. Por el contrario, los contextos territoriales inciden en la prestación del servicio: para un agente de Policía no es lo mismo prestar el servicio en el CAI de Avenida Chile (en Chapinero- Bogotá), que prestarlo en Florencia- Caquetá. Esos contextos territoriales también implican diferencias culturales que se traducen en distintas formas de concebir la seguridad y la convivencia. Por otra parte, el origen étnico o nacional, el género y la clase socioeconómica inciden en los efectos que la gestión de la seguridad genera sobre las personas. Por ejemplo, Dejusticia demostró, en su informe “Requisas, ¿a discreción?”, que las personas con tatuajes visibles, cicatrices faciales o estilo metalero tienen más posibilidades de ser interceptadas por la Policía y ser requisadas.

Estamos ante una gran oportunidad para hacer de la reforma policial el escenario privilegiado de participación, para implementar la democracia deliberativa y para darle el poder a la ciudadanía. Por esta razón, estamos impulsando con un combo grande de gente esta tarea de construir una reforma a la Policía de carácter popular, ciudadano, para que las necesidades de los grupos históricamente discriminados sean tenidas en cuenta, y para la que la nueva visión de la seguridad y la convivencia sean asunto de todos y todas.

@cancinodiegoa