Cada vez son más graves los efectos que tienen que afrontar los ciudadanos por la contradicción de la administración distrital en la Resolución 1641 de 2020 que define algunos sectores como zonas de inundación en caso de desbordamiento del Río Bogotá, aunque técnicamente no lo son.

Tal y como lo denuncié desde diciembre pasado en el Concejo de Bogotá, hay “fuego amigo en el gobierno López”, que se evidencian con estas medidas tomadas por la ex secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, y que llevaron a que los ambientalistas con inclinaciones políticas, celebren en detrimento de los intereses ciudadanos.

Esta vez, son los bogotanos con predios ubicados en esos sectores occidentales, los que no pueden vender o comercializar sus inmuebles por cuenta de estas decisiones que caracterizan negativamente la zona, restándole valor a sus propiedades y dejándolos en incertidumbre por el futuro. Así como la negativa de los bancos a prestarles o facilitarles cualquier crédito pues con esta resolución, sus viviendas aparecen como predios en zonas de inundación alta, media. Acrecentando la crisis que de por si ya es difícil con motivo de la pandemia para muchas de estas familias.

Lo que queda en evidencia en este debate, es que se parte de supuestos, más que de soportes técnicos para realizar la derogatoria de las resoluciones, ignorando adecuaciones de la CAR en los últimos años, los trabajos de la EAAB en renovación de redes o manejo de aguas lluvias. No se encontró respuesta de Planeación sobre si finalmente iban o no a realizar los estudios de detalle escala 1:5000 requeridos para dar cumplimiento al decreto 1807 de 2014, ya que los asesores de la ex secretaria Córdoba especificaron en la comisión POT del 6 de noviembre pasado, que no se iban a realizar para el nuevo POT, mientras la secretaria Jaramillo no especificó al respecto.

Consecuencias de la resolución 1641 de 2020

Sumémosle a esto: la incertidumbre del patio taller del metro, con esta afectación de suelo, si ya el IDIGER había asegurado que si contaba con todos los estudios para soportar las resoluciones 1060 y 1631 de 2018 para evitar esa calificación. Decisiones que como lo he señalado son totalmente contradictorias, cuando al tiempo que celebraban muchos sectores políticos, afines al actual gobierno por esa derogatoria, si corrían a acompañar la inauguración de obras que fueron posibles por esas resoluciones, como el Colegio de la Bici, lo cual evidencia afanes de evidenciar como logros propios obras de ciudad.

Además de las mencionadas antes, existen también: la afectación a 13 planes parciales que se ven perjudicados por el aumento del polígono de zonas de inundación, la incertidumbre jurídica, y la falta de certeza sobre obras como la ALO sur, el Hospital de Bosa y la misma expansión del metro a Suba-Engativá, que también se ha anunciado por la misma alcaldesa.

Es en este momento, y con suma urgencia, que la secretaría María Mercedes Jaramillo, debe tomar cartas en el asunto en coordinación con el IDIGER y las demás entidades afectadas por esta decisión de la Ex Secretaría Córdoba, pues no es posible seguir generando retrocesos ni normativos ni técnicos como logros de la actual administración. Es necesario tomar decisiones impopulares para las encuestas, pero eficientes para los ciudadanos y más cuando se basan en darle contentillo a sus votantes ambientalistas, muchos de ellos hoy en contratos con el distrito.

@luciabastidasu
Concejal de Bogotá