La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López  por el posible incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la obligación de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos, y los casos de hacinamiento registrados en la capital.

La investigación se extiende al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, porque al parecer, según el Ministerio Público, «no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad».

El órgano de control considera que  la alcaldesa y su funcionario pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que ordenó la práctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la situación actual y real de los distintos centros de detención transitoria de la ciudad.